Disidencias de las Farc patrullaron armadas zonas rurales de Aipe, Huila, y generaron temor

Hombres armados, presuntamente integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, recorrieron las calles del centro poblado de Santa Rita y la vereda La Unión, en zona rural del municipio de Aipe, al norte del Huila.

La incursión, que habría ocurrido el viernes 9 de octubre, generó preocupación entre los habitantes, quienes denunciaron la presencia de personas con fusiles y prendas similares a los uniformes de la fuerza pública.

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Los sujetos caminaron a plena luz del día por sectores habitados, en algunos casos cerca de menores de edad, mientras desarrollaban actividades que aparentaban ser patrullajes.

Los registros audiovisuales difundidos posteriormente muestran a varios de ellos desplazándose por las comunidades sin que se observe una confrontación con las autoridades.

Los residentes también denunciaron la instalación de avisos en las entradas de las poblaciones con disposiciones sobre el tránsito de personas.

Entre las restricciones reportadas figura un horario de circulación comprendido entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, medida que habría sido establecida por los presuntos integrantes de la organización armada.

La situación afecta a Santa Rita, un centro poblado con aproximadamente 600 habitantes, y a La Unión, una vereda donde residen cerca de 100 personas.

Ambas comunidades están separadas por unos 20 minutos de recorrido y forman parte del territorio rural de Aipe, municipio ubicado en el norte del departamento.

Durante la incursión, uno de los hombres que aparece en las grabaciones se identificó como integrante de la estructura ilegal y dirigió un mensaje a los campesinos.

En su intervención mencionó a las comunidades de Fraga, Mesitas, Chapinero, San Luis, Gaitecito, Pradera, La Julia, El Roble y Galupa, además de Santa Rita.

“Estamos con ustedes. No están solos. No los hemos olvidado”, manifestó el presunto disidente, quien aseguró que la organización mantiene presencia en el territorio y dirigió un discurso de contenido político a los habitantes.

El material fue atribuido al frente Ismael Ruiz, organización vinculada al Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), una de las estructuras surgidas de las disidencias de las antiguas Farc.

Aunque la presencia de este grupo en el norte del Huila ha sido documentada por organismos oficiales, no se ha establecido mediante una verificación independiente la identidad de todos los hombres que aparecen en las grabaciones.

Los habitantes de las comunidades afectadas solicitaron la intervención de la fuerza pública y medidas de protección ante la circulación de personas armadas y las restricciones anunciadas. Según sus denuncias, la situación ha generado temor entre las familias que desarrollan sus actividades cotidianas en estas zonas rurales.

La presencia del frente Ismael Ruiz en Aipe ya había sido identificada por la Defensoría del Pueblo, que el 26 de julio de 2026 dio a conocer la Alerta Temprana 016 de ese año sobre los riesgos derivados de la expansión territorial de esta organización y de su Compañía Móvil Julián González.

El documento oficial comprende los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, donde la entidad advirtió sobre posibles violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como consecuencia del fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales.

La Defensoría estableció que el frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González pertenecen al Bloque Central Isaías Pardo y mantienen presencia en corredores estratégicos de la cordillera Central, utilizados para conectar territorios del Huila con el sur del Tolima y el Cauca.

Según el organismo, estas rutas facilitan el desplazamiento de integrantes de los grupos armados, el transporte de suministros y armas y el funcionamiento de economías ilegales. Su ubicación también permite establecer conexiones entre distintas áreas rurales de los departamentos mencionados.

En la alerta, la entidad documentó la imposición de reglas de comportamiento a las comunidades, restricciones de movilidad, controles sobre el ingreso de personas ajenas a determinadas poblaciones y horarios para transitar por algunos sectores.

Las advertencias oficiales también incluyen el riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes, amenazas contra dirigentes sociales, intimidaciones a firmantes del Acuerdo de Paz y afectaciones a comunidades indígenas del pueblo nasa.

La Defensoría señaló que durante 2025 documentó al menos seis asesinatos relacionados con el presunto incumplimiento de normas impuestas por la organización armada. Estos hechos fueron identificados dentro de las prácticas de intimidación y control ejercidas sobre la población civil.

El organismo también advirtió sobre extorsiones contra productores agrícolas, ganaderos, transportadores y personas vinculadas a actividades económicas de la región. En algunos casos, las víctimas habrían sido citadas a sectores rurales para establecer pagos exigidos bajo amenazas.

La Alerta Temprana 016 de 2026 contiene 19 recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes para prevenir vulneraciones de los derechos humanos, fortalecer la protección de las comunidades y atender los riesgos derivados de la presencia de las estructuras armadas.

El antecedente de esta situación también aparece en la Alerta Temprana 001 de 2025, en la que la Defensoría identificó actividades del frente Ismael Ruiz en la zona occidental del Huila.

En ese documento señaló que la estructura tenía presencia en la parte alta de la cordillera Central, dentro de la jurisdicción de Aipe, y había extendido algunas de sus actuaciones hacia sectores bajos, incluida la ruta nacional 45.

La entidad registró, además, citaciones relacionadas con exigencias económicas a habitantes del municipio, lo que permitió identificar actividades de la organización más allá de los sectores montañosos donde inicialmente se había documentado su presencia.

Las denuncias conocidas este lunes 12 de octubre sobre los recorridos armados en Santa Rita y La Unión se producen en un territorio incluido expresamente en las advertencias oficiales sobre la expansión de las disidencias.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si los hombres permanecen en las comunidades, cuántos participaron en los recorridos ni si las autoridades han realizado operaciones específicas como respuesta a estos hechos.

Los pobladores mantienen su solicitud de mayor presencia institucional y de garantías para desplazarse por las vías rurales sin quedar sometidos a disposiciones impuestas por organizaciones armadas ilegales.

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