Defensoría del Pueblo alerta por el asesinato de 34 líderes sociales en Colombia durante el primer trimestre de 2026

El panorama para los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia continúa agravándose. Según el más reciente informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se registraron 34 homicidios de líderes sociales. Las víctimas, en su mayoría hombres (30 casos) y cuatro mujeres, formaban parte de procesos organizativos en territorios donde la violencia estructural persiste.

La entidad advirtió que el departamento de Antioquia es actualmente el epicentro de esta crisis. Durante el primer trimestre del año, esta región documentó ocho asesinatos de líderes y seis de las 35 masacres notificadas a nivel nacional. Otros departamentos con cifras alarmantes son Arauca y Cauca, con cuatro casos cada uno, seguidos por Nariño con tres, lo que evidencia una concentración de los ataques en zonas rurales y corredores estratégicos para economías ilícitas.

Además de los líderes sociales, la Defensoría alertó sobre el asesinato de tres firmantes del Acuerdo de Paz en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. El informe vincula directamente esta racha violenta con la proliferación de actores armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes serían responsables del 73 % de los homicidios de líderes en el país, según datos complementarios de Naciones Unidas.

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El fenómeno de las masacres también muestra una tendencia preocupante en lo que va del año. En total, se han perpetrado 35 eventos de violencia colectiva que han dejado al menos 133 víctimas fatales. Solo en marzo se contabilizaron 13 de estos hechos, igualando la cifra reportada en enero y superando los nueve casos de febrero, lo que refleja un patrón de violencia que no cede pese a los esfuerzos institucionales.

Históricamente, la situación es crítica: entre enero de 2016 y marzo de 2026, Colombia ha registrado el asesinato de 1.699 líderes sociales. El impacto ha recaído con especial fuerza sobre las poblaciones étnicas y rurales, afectando a 171 campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes en los últimos cuatro años. Los líderes ambientales también figuran como un grupo de alto riesgo, especialmente en regiones como Putumayo y Chocó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la ONU hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer los mecanismos de protección y reducir los índices de impunidad, que actualmente superan el 80 % en los casos de homicidio contra la dirigencia social. La entidad subrayó que la débil presencia estatal en las zonas más apartadas sigue siendo el factor determinante que facilita el accionar de los grupos criminales.

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