Cerca de 800 personas desplazadas en el Catatumbo por nuevos hechos de violencia

La región del Catatumbo enfrenta una nueva emergencia humanitaria. Este miércoles se registró el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

El éxodo masivo se produjo tras un ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural de El Tarra, hecho que habría dejado una persona fallecida y varias heridas. Las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún limitan la verificación completa de la situación, pero las autoridades locales advierten que el riesgo para la población civil sigue siendo alto.

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Estos eventos se suman a los ataques registrados la última semana en el corregimiento de Filogringo y la Isla del Cerro, también en El Tarra, donde se reportaron explosiones similares. Los desplazamientos se han convertido en una medida de autoprotección de las comunidades ante la amenaza de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales.

Durante lo corrido de 2026, se han presentado 13 desplazamientos masivos en el Catatumbo, que han dejado un total de 2.447 personas afectadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra. La cifra refleja la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa esta región fronteriza, marcada por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de nuevas modalidades de ataque como los drones.

Organizaciones humanitarias y autoridades locales hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional, departamental y municipal para garantizar atención integral e inmediata a las familias desplazadas. También instaron a activar los espacios de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de asegurar una respuesta sostenida.

Finalmente, se reiteró a todos los actores armados la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, en especial los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, que hoy se encuentra en medio de una crisis que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas efectivas de prevención y protección.

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