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Cartagena asume financiamiento del desmonte de Aquarela

La Alcaldía Mayor toma la batuta para el desmonte del polémico edificio, mientras hay tensión por la complejidad legal y cultural que implica el edificio.

 edificio Aquarela en Cartagena
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 05/01/2024 - 13:39 Créditos: Procuraduría General de la Nación

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que la Alcaldía Mayor asumirá el financiamiento del desmonte piso a piso del controvertido edificio Aquarela. Esta decisión marca un cambio respecto al gobierno pasado, que buscaba que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encargara de esta responsabilidad.

La Secretaría de Infraestructura tiene ahora 45 días para iniciar el proceso de contratación y llevar a cabo el desmonte de la estructura de manera gradual. Este paso se presenta como una medida crucial particularmente porque el edificio Aquarela ha puesto en riesgo el título de patrimonio del Corralito de Piedra.

¿Qué dice la constructora de Aquarela?

La constructora Promotora Calle 47 S.A.S., responsable del proyecto, mantiene su posición, asegurando que la construcción se realizó de acuerdo con las licencias establecidas. Gilma Úsuga, vocera de la constructora, afirmó que en caso de demolición, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a compradores, constructores y terceros afectados.

“La constructora se mantiene en su posición de dar cumplimiento a lo establecido por las normas. Por tanto, ante una demolición y tal como lo ha expresado el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el Estado deberá hacerse cargo de las indemnizaciones que haya lugar ante compradores, constructores y terceros afectados por el sellamiento y demolición de una obra que fue debidamente licenciada”, dijo Úsuga en diálogo con El Universal. 

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Orden de demolición de Aquarela

El fallo judicial de marzo de 2023, que ordenó la demolición del edificio debido a su afectación al patrimonio cultural, generó diversas reacciones. Tanto el Distrito como la constructora apelaron esta decisión, subrayando la complejidad y la importancia de este caso para Cartagena.

Antes del fallo judicial, en 2018, la Inspección de Policía emitió una medida correctiva al determinar que la obra ocupaba espacio público de forma irregular. La actual situación legal y cultural del edificio Aquarela destaca la necesidad de abordar estos problemas de manera cuidadosa para evitar riesgos adicionales para el título de patrimonio.

El estudio para definir el mecanismo idóneo para la restitución del espacio público invadido por el edificio fue financiado mediante un convenio tripartito entre la Ungrd, el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena. 

 

 

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