Campesinos denuncian tortura y amenazas para despojarlos de tierras entregadas por la ANT

Una familia de cinco personas fue víctima de un violento ataque en la vereda Caño Nare, en Puerto López (Meta), la noche del 22 de junio de 2026. 

Según un familiar que pidió mantener en reserva su identidad, hombres armados que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo irrumpieron en la vivienda de las víctimas, amordazándolos, reteniéndolos y torturándolos durante varias horas. Entre las víctimas hay un adulto mayor y una menor de edad.

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La familia es beneficiaria de la Reforma Rural Integral y habitaba un predio entregado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“El día 22 llamaron a mi familia y después les llegaron allá y les dijeron que tenían que desalojar, que esas tierras no eran de ellos. La familia les explicó que esas tierras se las había entregado una fundación como tal, pero los armados les dijeron que no, que eso no era de ninguna fundación, que esa tierra era de un narco llamado ‘Salomón Camacho’, por lo que les daban hasta el otro día para salir. Pero fue mentira porque como a las 12 de la noche les llegaron, primero prendieron a plomo la casa, luego los golpearon, los amordazaron, los torturaron literalmente”, explicó el familiar.

La familia permaneció amarrada durante toda la madrugada hasta las 8:00 de la mañana del 23 de junio, cuando logró soltarse por sus propios medios.

Después del hecho, llamaron a la Policía Nacional y a la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda, quienes llegaron al lugar hacia las tres de la tarde para brindarles acompañamiento, facilitar su evacuación y trasladarlos al hospital de Puerto López, donde fueron atendidas las personas heridas.

Al parecer, los hombres armados también quemaron sus pertenecías e incluso, golpearon con garrotes las motocicletas que tenían en el predio.

Por esto, la familia pidió protección urgente a las entidades del Estado, garantías para su integridad física y el esclarecimiento de los hechos, así como la judicialización de los responsables. 

Por su parte, la ANT en un comunicado rechazó la situación y pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la fuerza pública y al Ministerio Público adelantar las investigaciones penales correspondientes, identificar a los autores materiales e intelectuales de estos sucesos y brindar el acompañamiento a las comunidades en peligro.

Este no es el primer caso que se presenta, ya que, según la agencia, en la Hacienda La Palmira, en Córdoba, recuperada por la ANT en julio del 2025, los campesinos beneficiarios recibieron amenazas directas de muerte. Además, integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, también fueron amenazados, como estrategia para amedrentar a las comunidades afro en las tierras entregadas por la ANT.

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