Bogotá podría enfrentar nuevo racionamiento de agua en 2026, según concejal

Durante un debate de control político enfocado en la seguridad hídrica de Bogotá y su región, el concejal Marco Acosta lanzó una advertencia sobre el riesgo creciente de que la ciudad enfrente un nuevo episodio de racionamiento de agua en 2026.

La alerta se sustenta en cuatro factores principales: la fragilidad estructural del sistema de abastecimiento, la alta dependencia del Sistema Chingaza, la creciente variabilidad climática y el incremento sostenido en las pérdidas del recurso por hurto y defraudación de fluidos.

Acosta explicó que, aunque los niveles de los embalses han tenido una recuperación parcial, las proyecciones siguen siendo preocupantes, sobre todo en el Sistema Chingaza, que abastece aproximadamente al 70% del consumo de agua potable de la capital.

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Señaló que confiar exclusivamente en las lluvias es una estrategia insostenible y que el sistema actual opera bajo una presión que pone en riesgo a más de seis millones de habitantes diariamente.

“El comportamiento de las lluvias en Bogotá no refleja el estado de los embalses. Las condiciones climáticas en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde se origina buena parte del recurso, son diferentes y cada vez más impredecibles”, advirtió el concejal.

Subrayó que, a pesar de que el nivel promedio de Chingaza ronda el 67 % de su capacidad, la tendencia continúa siendo descendente.

Uno de los aspectos más graves destacados por Acosta fue el aumento sustancial de las pérdidas de agua por acciones ilícitas. En 2025, los procesos penales por defraudación de fluidos crecieron un 66% con respecto al año anterior.

El valor económico estimado de estos fraudes ascendió a $16.582 millones, frente a los $9.159 millones registrados en 2024. Solo en noviembre de 2025, se contabilizaron $4.181 millones en agua no registrada.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recuperó cerca de seis millones de metros cúbicos de agua durante ese año, cifra que representa un aumento del 48% frente al ejercicio anterior.

El concejal enumeró las localidades con mayor incidencia en este fenómeno: Fontibón, donde se evidenció la operación de carrotanques y venta ilegal de agua; Teusaquillo, con hoteles y establecimientos que manipulaban sus consumos; Barrios Unidos, con alteraciones en medidores en instituciones y comercios; Kennedy, por conexiones irregulares en zonas industriales; y Engativá, con lavaderos que utilizaban el recurso sin autorización.

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“Mientras la ciudadanía hacía esfuerzos reales para reducir el consumo durante los racionamientos, hubo sectores que optaron por sustraer el agua de manera ilícita, lo cual representa un atentado contra la equidad y la sostenibilidad”, recalcó Acosta, quien pidió fortalecer las acciones de control y sanción.

En su intervención, también cuestionó la ausencia de una matriz integral de riesgo hídrico, la lentitud en la implementación de proyectos de reutilización de aguas lluvias y residuales, y la falta de una estrategia de abastecimiento frente a la expansión de nuevos desarrollos urbanos y de vivienda.

Finalmente, formuló un llamado a las autoridades distritales para: Reforzar el control frente al hurto de agua y castigar de manera ejemplar a los infractores. Priorizar la renovación de redes hidráulicas con más de cuatro décadas de antigüedad para reducir pérdidas técnicas.

Diversificar las fuentes hídricas más allá del sistema Chingaza. Adoptar un enfoque de planificación anticipada a nivel regional, más allá de medidas reactivas.

“La seguridad hídrica no puede dejarse al azar ni a la buena voluntad del clima. Se requiere control, técnica y corresponsabilidad. Si no actuamos desde ahora, Bogotá podría abrir la llave en 2026 y no encontrar agua”, concluyó el concejal Marco Acosta.

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