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Amnistía Internacional alerta por deterioro humanitario y cuestiona avances de la paz total en Colombia
El informe anual advierte que más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por hechos violentos en 2025 y señala que campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas siguen siendo las más impactadas.
La organización Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en el que advirtió un panorama crítico durante 2025 pese a la implementación de la política de paz total por parte del Gobierno nacional.
El reporte señala que la crisis humanitaria persiste y, en algunos indicadores, muestra signos de agravamiento. Así lo explicó Camilo Vargas, quien indicó que las cifras reflejan que la violencia continúa afectando a amplios sectores de la población civil.
De acuerdo con el documento, durante 2025 más de 1,5 millones de personas resultaron impactadas por distintos hechos violentos en el país. En total, se registraron 2.794 eventos relacionados con homicidios, amenazas y desplazamientos forzados.
El informe también señala que más de nueve millones de personas, lo que representa cerca de una quinta parte de la población, son consideradas víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según Amnistía Internacional, en varias regiones del país persiste el control social ejercido por grupos armados ilegales, lo que limita la presencia institucional y agrava las condiciones de seguridad. Esta situación afecta principalmente a comunidades campesinas, así como a poblaciones afrodescendientes e indígenas.
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Uno de los puntos más críticos del informe está relacionado con el desarrollo de la política de Paz Total, que, según la organización, no ha garantizado plenamente la participación de las víctimas ni la claridad en temas de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El director de la organización en Colombia afirmó que, a diferencia de procesos anteriores como el firmado con las antiguas Farc, la sociedad civil percibe poca incidencia en las actuales mesas de negociación y cuestiona la forma en que se desarrollan los diálogos con grupos armados.
El informe también advierte que el Estado debe reconocer las particularidades del conflicto en cada territorio, ya que regiones como Catatumbo y Guaviare presentan dinámicas de violencia diferenciadas que requieren respuestas específicas.
El reporte sitúa a Colombia como uno de los países con mayor riesgo para quienes defienden los derechos humanos. Durante 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes sociales y defensores, cifra que la organización calificó como el nivel más alto de violencia letal contra este grupo durante el actual gobierno.
La organización reiteró que estos hechos representan una amenaza directa para la protección de los derechos humanos y para la consolidación de la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado.
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