Trabajadores denunciaron presiones para ir a concentración de presidente Petro en Medellín con jefes criminales

Durante el evento convocado por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, algunos asistentes afirmaron que su presencia obedeció a exigencias laborales y no a un respaldo voluntario a la concentración política. La presencia de cabecillas del crimen organizado generó rechazo entre autoridades regionales.

La concentración realizada el sábado por el presidente Gustavo Petro en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, no solo estuvo marcada por la intervención del mandatario y miembros de su gabinete, sino también por denuncias provenientes de trabajadores del sector público y privado, quienes manifestaron haber sido llevados al acto por instrucción directa de sus empleadores, sin tener claridad sobre la naturaleza del evento ni consentimiento previo informado.

De acuerdo con relatos recogidos por medios locales, entre ellos El Colombiano, varios trabajadores aseguraron que fueron notificados por sus jefes para asistir vestidos de blanco a una supuesta marcha, sin mayores detalles.

Solo al llegar al lugar o al ser informados por funcionarios policiales se enteraron de que se trataba de una actividad convocada por el presidente de la República. “A mí me dijeron que debíamos venir a marchar todos de blanco, pero no nos dijeron para qué. Luego supe que venía Petro. Si no íbamos, nos suspendían, porque eso dice el reglamento”, declaró una trabajadora que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Desde las primeras horas de la mañana, buses de servicio especial recogieron a personas en diferentes comunas de Medellín, así como en municipios aledaños. Muchos de los asistentes no tenían conocimiento de que la jornada tendría un contenido político o de respaldo al Gobierno Nacional.

Algunos indicaron que fueron persuadidos a permanecer en el lugar mediante la entrega de refrigerios y almuerzos. Estos incluían productos como papas empacadas, jugos y chocolatinas.

La movilización, según registros audiovisuales difundidos por redes sociales y medios de comunicación, incluyó también la participación de comunidades indígenas transportadas en vehículos tipo chiva.

Varios testimonios apuntaron a la presunta utilización de recursos públicos para cubrir gastos logísticos, lo cual generó críticas entre sectores políticos y sociales.

La concentración, anunciada por el presidente Petro como una celebración por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, sirvió también como espacio para reiterar su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y defender su iniciativa de “paz urbana”.

Esta última propuesta fue el eje de mayor controversia durante la jornada, debido a la aparición pública de nueve jefes de organizaciones delictivas del Valle de Aburrá, actualmente privados de la libertad en la cárcel de Itagüí.

Los internos —identificados como alias Tom, Vallejo, Douglas, Pesebre, El Tigre, El Indio, El Saya, Albert y Juan 23— fueron trasladados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hasta el lugar del evento, donde se reunieron con integrantes del Ejecutivo.

La presencia de estos individuos, señalados como responsables de actividades delictivas durante más de una década en Medellín, suscitó una reacción inmediata del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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“El presidente nos pone la lápida. Mientras nosotros capturamos a estos cabecillas, él los lleva a la tarima”, afirmó Gutiérrez, quien cuestionó la presencia de jefes del crimen organizado en un espacio público promovido por el Gobierno.

Rendón, por su parte, calificó el hecho como una humillación hacia la fuerza pública y las víctimas de la violencia urbana: “El Presidente vino a rodearse de criminales. Esto no es reconciliación, es rendición”, manifestó.

El uso de La Alpujarra como epicentro del evento también generó comentarios. Este espacio, sede de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, rara vez es elegido para eventos masivos de carácter político.

Tradicionalmente, las concentraciones ciudadanas se desarrollan en otros lugares como el Parque de los Deseos o la Plaza de las Luces, que fueron centros de movilización durante el Paro Nacional de 2021.

La elección del lugar fue interpretada por algunos sectores como una señal directa hacia los actuales mandatarios regionales, ambos opositores de las principales políticas del Ejecutivo nacional.

Aunque la convocatoria estaba programada para las dos de la tarde, el presidente Petro llegó cerca de las cinco. Para ese momento, según registros, parte del público ya había abandonado el lugar.

Aun así, su discurso fue transmitido en horario estelar por canales oficiales y plataformas digitales.

En su intervención, el jefe de Estado reiteró su intención de modificar el modelo minero del país, cuestionó la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti en el Suroeste antioqueño y defendió su propuesta de transformación constitucional como vía para profundizar su proyecto político.

Las denuncias sobre la posible coacción laboral para asegurar asistencia, sumadas a la participación de cabecillas del crimen organizado en el evento, ampliaron el debate sobre los límites entre la movilización ciudadana, el uso de recursos públicos y la política de paz del Gobierno Nacional.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación anunciaron que recopilarán información sobre lo sucedido para determinar si existieron vulneraciones a los derechos de los trabajadores o posibles irregularidades administrativas.

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