Proyecto que aumenta salario y sesiones de concejales pasa a sanción presidencial

El Congreso de la República aprobó en último debate y por unanimidad el proyecto de ley que incrementa los honorarios y el número de sesiones para los concejales de municipios de tercera a sexta categoría. La iniciativa ya fue conciliada y pasó a sanción presidencial.

Con esta ley, los concejales de municipios de quinta y sexta categoría —que representan el 90 % del total en el país— pasarán de 70 a 80 sesiones ordinarias al año y de 20 a 40 sesiones extraordinarias. El valor por sesión será de 296.314 pesos, monto que equipara sus ingresos con los concejales de cuarta categoría.

Según Alejandro Toro, representante por Antioquia y coautor del proyecto, cerca de 11.000 concejales en más de 900 municipios se beneficiarán con este ajuste. “Muchos de ellos no ganan un salario mínimo. Es apenas digno y justo para quienes hacen la capilaridad de la democracia en los territorios”, afirmó.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que impulsó esta iniciativa desde que asumió la mesa directiva. “La base de nuestra democracia son los concejales. Esta ley reconoce su trabajo como verdaderos líderes del cambio territorial”, señaló.

Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, resaltó el consenso logrado en el trámite del proyecto. “La unanimidad en los debates refleja la voluntad de dignificar la condición de los concejales del país”, indicó. Además, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para sancionar la ley y convertirla oficialmente en norma.

El representante liberal Óscar Sánchez, ponente del proyecto, señaló que el ajuste salarial era una “deuda histórica”. Explicó que actualmente un concejal de sexta categoría recibe, después de descuentos, alrededor de 850.000 pesos mensuales, cifra inferior al salario mínimo legal vigente.

Aunque el proyecto excluye a los concejales de ciudades capitales —cuyo número de sesiones y remuneración ya se consideran adecuados—, el aumento generalizado de honorarios y sesiones podría tener un impacto fiscal significativo, lo cual plantea retos al Gobierno nacional para su implementación efectiva.

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