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Presidencia contrata abogados por $10.000 millones para defensa de Petro ante la Lista Clinton (OFAC)
El abogado contratado en octubre pasado había manifestado que iba a defender a la familia Petro ad honorem.
La Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quedó en el centro de una nueva controversia por un contrato de servicios jurídicos que asciende a $10.000 millones, equivalentes a 2 millones de libras esterlinas y estaría relacionado con la defensa y asesoría frente al régimen de sanciones financieras de Estados Unidos administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La denuncia fue hecha por Germán Ricaurte, quien se presenta como director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, y cuestiona que recursos públicos terminen cubriendo una defensa que califica como de carácter personal.
Ricaurte sostuvo que el DAPRE habría celebrado el contrato mediante contratación directa con la firma Amadeus Legal and Financial Solutions, domiciliada en el Reino Unido, para asesoría especializada en sanciones financieras internacionales y defensa jurídica en escenarios externos.
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El objeto contractual comprendería la prestación de servicios altamente especializados para el análisis normativo y procedimental del régimen de sanciones, la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas.
El señalamiento tomó fuerza porque el presidente Gustavo Petro había afirmado públicamente, desde octubre de 2025, que su defensa frente a la inclusión en la lista OFAC la asumiría el abogado estadounidense Daniel (Dan) Kovalik. En un mensaje citado por El País, Petro escribió entonces que su abogado sería Kovalik.
Ricaurte relacionó el contrato con esa defensa y sostuvo que Kovalik “pertenece” a la firma contratada. En el sitio web de Amadeus aparece Daniel Kovalik como “of counsel” dentro del equipo.
La llamada “Lista Clinton” es el nombre popular en Colombia para las listas de sanciones financieras administradas por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Su efecto principal es restringir transacciones y relaciones comerciales con personas y entidades designadas, así como habilitar bloqueos de activos bajo jurisdicción estadounidense y generar riesgos para bancos y empresas que mantengan vínculos con sancionados.
El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al presidente Petro —y también a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti— en una lista de sanciones, hecho que el propio mandatario reconoció públicamente.
El abogado contratado en octubre pasado había manifestado que iba a defender a la familia Petro ad honorem.
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