Petro usó línea de exasesor implicado en caso Ungrd: Corte Suprema ordenó suspender interceptaciones

La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión inmediata de las interceptaciones a una línea telefónica asignada a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), al verificar que la misma estaba siendo utilizada por el presidente de la República, Gustavo Petro.

La decisión fue adoptada por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción, luego de establecerse que las escuchas judiciales, autorizadas en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estaban registrando comunicaciones del primer mandatario y de la actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.

La actuación judicial estaba dirigida inicialmente a establecer el papel de Ramírez Cobo en la presunta articulación de contratos a través de gestiones con congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, el hallazgo de conversaciones del presidente obligó a frenar el procedimiento por falta de competencia, pues Petro no tiene ninguna investigación abierta en la Corte Suprema.

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En consecuencia, el alto tribunal se declaró sin facultades para profundizar en esas comunicaciones.

La situación ha generado cuestionamientos sobre los motivos por los cuales el jefe de Estado utilizaba una línea telefónica que, legal y contractualmente, estaba registrada a nombre de un exfuncionario vinculado a un proceso por presuntas irregularidades en la asignación de más de 700.000 millones de pesos en contratos públicos.

El uso de esa línea ha sido atribuido a la cercanía personal y laboral entre Ramírez y Sarabia, quien lideró el DAPRE hasta mediados de 2023.

Según fuentes consultadas, Ramírez habría conservado influencia en la estructura operativa de la Presidencia, lo que explicaría que su línea aún estuviera en uso dentro del círculo cercano al presidente.

La línea, intervenida con autorización judicial, fue identificada como parte de un conjunto de evidencias relacionadas con las gestiones de Ramírez Cobo como facilitador entre congresistas y dependencias del Ejecutivo.

No obstante, el descubrimiento de que el presidente hacía uso de ese número desvió la atención del procedimiento hacia una zona jurídica delicada.

Aunque el contenido de las grabaciones no ha sido divulgado, su sola existencia obliga a revisar los protocolos institucionales para el uso de líneas asignadas a servidores públicos y expone vacíos administrativos sobre el control de los canales oficiales de comunicación.

El uso de una línea ajena por parte del presidente se vuelve aún más relevante por la identidad de su titular.

Jaime Ramírez Cobo ha sido mencionado por diversos testigos en la investigación de la UNGRD como un actor clave en la articulación de contratos dirigidos a municipios específicos, bajo instrucciones de legisladores que recomendaban nombres de contratistas.

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La Fiscalía cuenta con registros en los que Ramírez compartió con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, una matriz contractual de $92.000 millones.

Dichos contratos, según los chats recuperados, fueron gestionados a favor de recomendados por los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique.

La cercanía entre Ramírez y Sarabia se ha documentado no solo en el ámbito laboral: Ramírez fue padrino de boda de la actual embajadora, lo que evidencia una relación de confianza que pudo haber facilitado el uso compartido de recursos como la línea telefónica en cuestión. 

A pesar de que Ramírez dejó de trabajar en el Gobierno desde enero de 2024, su número continuaba activo dentro del entorno presidencial en 2025.

En este momento no hay imputaciones en firme contra Ramírez. Sin embargo, su nombre ha aparecido de forma recurrente en los expedientes, especialmente tras los testimonios de la exasesora María Alejandra Benavides, quien lo señaló como enlace entre congresistas y el Ministerio de Hacienda.

Su rol como operador informal dentro del engranaje institucional lo convirtió en pieza de interés para los investigadores, a pesar de no ostentar fuero que obligue a la Corte Suprema a procesarlo directamente.

La Fiscalía evalúa ofrecerle un preacuerdo judicial como testigo de cargo, especialmente en el marco del caso que vincula al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Según fuentes del ente acusador, este movimiento procesal permitiría consolidar las pruebas contra funcionarios y congresistas involucrados en la asignación de recursos públicos.

Desde marzo de 2025 se desconoce el paradero del exasesor. Se presume que viajó a Europa, en coincidencia con la reactivación de actuaciones judiciales contra otros implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron imputados formalmente. Ambos han señalado a Ramírez como intermediario en la ejecución de los contratos que hoy son objeto de investigación penal.

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