Petro responsabiliza a privados por caso de abuso en jardín infantil del ICBF en Bogotá

En medio del lanzamiento de una jornada deportiva escolar en Ocaña, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al caso de abuso sexual infantil ocurrido en un jardín operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. Según afirmó, el presunto abusador fue contratado por una fundación privada, lo que motivó un duro cuestionamiento a la tercerización en la gestión de estos centros educativos.

Petro expresó su inconformidad con la actual dirección del ICBF, al señalar que su gobierno había dado la orden expresa de acabar con el modelo de operación por terceros en los jardines infantiles, pero que dicha instrucción no se ha ejecutado. “Yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno de que se acababa la tercerización, es decir, que el ICBF debía ser dirigido directamente por el ICBF, y no me han cumplido”, dijo el mandatario, refiriéndose a Angie Velasco, directora de la entidad.

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El presidente aseguró que al regresar de su viaje a China convocará una reunión con la funcionaria para revisar las razones por las que este tipo de jardines continúa en manos de operadores privados, a pesar de las directrices presidenciales. En su intervención, también hizo una crítica más amplia a la privatización de la educación en el país, afirmando que gobiernos anteriores “privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, por hacerse un billete, contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños”.

Petro también se refirió a la contratación de docentes en los colegios de departamentos y municipios, pidiendo al ministro de Educación evaluar la ejecución de los recursos destinados para ese fin. Afirmó que, en caso de encontrar irregularidades, está dispuesto a firmar un decreto presidencial para tomar medidas sancionatorias. “Mandamos a la Procuraduría al que no haya cumplido en el municipio, porque la orden del Gobierno Nacional, a pesar de la descentralización, es para cumplirla”, concluyó.

El caso del jardín infantil ha generado una ola de indignación pública, no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino por la supuesta falta de control del Estado sobre quienes prestan servicios esenciales a la primera infancia. 

La Fiscalía adelanta una investigación contra el docente implicado, mientras distintas organizaciones sociales han exigido una revisión estructural del modelo de operación del ICBF y una mayor vigilancia sobre las entidades privadas contratistas.

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