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Petro defiende bombardeo que dejó menores muertos y reabre debate por responsabilidad estatal
El presidente aseguró que priorizó la vida de 20 soldados ante un riesgo de emboscada.
El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la muerte de menores durante el bombardeo contra la estructura de Iván Mordisco, afirmando que la decisión buscaba evitar una emboscada contra tropas del Ejército. El hecho reavivó la discusión sobre la responsabilidad del Estado en operaciones militares con presencia de población civil.
Según Petro, los servicios de inteligencia advirtieron que más de 150 hombres bajo el mando de Mordisco avanzaban por la selva a pocos kilómetros de 20 soldados jóvenes. Señaló que, de no autorizar la acción aérea, el resultado habría sido un ataque directo contra los uniformados. “Tomé la decisión de salvarles la vida”, aseguró en X.
El mandatario lamentó públicamente la muerte de los menores y reconoció la gravedad del hecho, pero insistió en que se trató de una decisión dentro de un escenario de guerra irregular. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos”, afirmó.
El episodio resurgió en medio de un historial de reclamos sobre este tipo de operaciones. En 2019, siendo senador, Petro denunció que 314 menores habían muerto en bombardeos y operativos militares entre 2004 y 2019, cifras sustentadas en Medicina Legal. Entonces, calificó estas acciones como “infanticidio”.
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El informe señalaba que 177 muertes ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, 124 bajo Juan Manuel Santos y 13 en el primer año de Iván Duque, incluidas ocho en un bombardeo contra disidencias de las Farc. Ese caso provocó la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero.
El contraste entre la postura del hoy presidente y sus denuncias pasadas avivó la controversia en redes y sectores políticos. Sus opositores lo acusan de incoherencia, mientras sus defensores sostienen que el contexto operacional es distinto al de años anteriores.
Organizaciones de derechos humanos reiteraron que el Estado debe garantizar el respeto al derecho internacional humanitario, incluso en operaciones contra grupos armados. El Gobierno no ha informado si abrirá investigaciones internas sobre el operativo que dejó menores muertos.
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