Paz total de Petro costó $125.174 millones: Gobierno De la Espriella cerró todas las mesas de diálogo

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella cerró los procesos de negociación que permanecían de la política de “paz total” impulsada durante la administración de Gustavo Petro, una estrategia que entre agosto de 2022 y junio de 2026 tuvo una ejecución de $125.174 millones para financiar mesas de diálogo, delegaciones, honorarios, transporte, seguridad, logística y otros componentes relacionados con las conversaciones con grupos armados y estructuras criminales.

La decisión que completó el desmonte se produjo con la revocatoria de la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Con esa determinación terminaron los procesos de negociación abiertos durante la administración anterior, que llegó a mantener 12 escenarios de diálogo o acercamiento con diferentes organizaciones.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda  reportadas por El Colombiano y citadas en el balance de los recursos, de los $125.174 millones ejecutados, $107.572 millones correspondieron a negociaciones políticas con grupos armados y otros $17.601 millones fueron destinados a conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas.

Dentro de las negociaciones políticas estuvieron los procesos con el ELN, el Estado Mayor Central y las estructuras surgidas de sus divisiones, la Segunda Marquetalia, los Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los espacios sociojurídicos estuvieron los acercamientos con los Shottas y Espartanos de Buenaventura, organizaciones de Quibdó, combos del Valle de Aburrá, Los Pepes y Costeños de Barranquilla, además del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Una parte de los recursos estuvo destinada a movilizar y proteger a quienes participaron en las negociaciones. En las conversaciones políticas, el transporte aéreo representó $21.979 millones y los esquemas de seguridad tuvieron un costo de $21.200 millones. En conjunto, estos dos conceptos sumaron cerca de $43.180 millones.

Las conversaciones también llevaron a las delegaciones colombianas fuera del país. La mesa con el ELN realizó rondas en La Habana, Ciudad de México y Caracas, mientras que el proceso con el Clan del Golfo tuvo como escenario Doha, Catar, hasta donde se realizaron dos viajes relacionados con las conversaciones.

Según los reportes financieros mencionados en el balance, el proceso con el Clan del Golfo implicó recursos cercanos a $20.000 millones. Dentro de las conversaciones sociojurídicas, el transporte aéreo representó $1.683 millones.

Los honorarios constituyeron otro componente de los gastos. El presidente De la Espriella señaló que durante los cuatro años anteriores se destinaron más de $7.000 millones al pago de voceros, representantes y negociadores. Sin embargo, al revisar los rubros correspondientes a las diferentes mesas, los honorarios de las negociaciones políticas alcanzaron $18.378 millones y los correspondientes a espacios urbanos sumaron $6.677 millones.

Entre los contratos relacionados con los procesos aparece Parmenio Cuéllar, quien recibió $474 millones por su participación en la mesa con la Segunda Marquetalia. También figuran Gloria Cecilia Quiceno, con $341 millones, y Feliciano Valencia, con $117 millones.

A estos desembolsos se agregaron los gastos necesarios para el funcionamiento de las mesas. La logística de las negociaciones políticas tuvo un costo de $12.712 millones, mientras que la correspondiente a los espacios urbanos llegó a $1.570 millones. La participación de la sociedad civil representó $12.146 millones y el Comité Nacional de Participación tuvo una ejecución de $9.164 millones.

La estrategia contempló, además, la creación de cinco Zonas de Ubicación Temporal. De las cinco proyectadas, solamente entró en funcionamiento la ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, cuyo costo ascendió a $1.043 millones.

El cierre de los procesos se produjo después de que varias de las mesas llegaran al final del gobierno de Petro suspendidas o sin un acuerdo definitivo con las principales organizaciones involucradas. Uno de esos casos fue el proceso con el ELN, cuyas conversaciones estaban suspendidas desde enero de 2025.

El Gobierno de Petro congeló entonces el diálogo después de la ofensiva del ELN en el Catatumbo y de los enfrentamientos de esa organización con las disidencias de las Farc. Antes de la suspensión, las conversaciones ya atravesaban dificultades. El entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, había cuestionado la utilidad de mantener el proceso.

Durante 2024 también se habían presentado hechos que afectaron las conversaciones, entre ellos el ataque contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Tras asumir el poder, la administración De la Espriella formalizó el cierre mediante la Resolución 391 de 2026, con la cual revocó las designaciones de los representantes gubernamentales ante el ELN.

La decisión sobre esa guerrilla completó una serie de medidas adoptadas previamente contra los demás espacios heredados de la “paz total”. El Gobierno cerró los escenarios sociojurídicos con los combos de Medellín y las conversaciones con los Comuneros del Sur.

También puso fin a los procesos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Mediante la Resolución 390 de 2026 fue cerrado el proceso con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo retiró el reconocimiento otorgado durante el gobierno anterior a decenas de personas que habían sido nombradas como voceros o gestores de paz.

De hecho, más de una docena de resoluciones desmontaron diferentes componentes de la política y retiraron el reconocimiento a más de 70 personas que estaban vinculadas como voceros, gestores o integrantes de los equipos encargados de las negociaciones.

El desmonte también tuvo decisiones relacionadas con Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que había sido nombrado gestor de paz por el expresidente Petro.

El 3 de agosto, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual había sido designado.
La determinación judicial respondió a una demanda contra el nombramiento y señaló que las facultades presidenciales para dirigir procesos de paz debían ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley.

La designación de Mancuso estaba vigente hasta el 6 de agosto de 2026, por lo que al momento de la decisión judicial faltaban tres días para que terminara el periodo establecido.

Con el cambio de Gobierno también se modificó la política frente a las organizaciones armadas. De la Espriella ha descartado otorgar estatus político a estructuras criminales y ha señalado que la estrategia de su administración estará concentrada en seguridad, autoridad y justicia.

El Ejecutivo también prepara un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso, mientras mantiene cerradas las mesas establecidas durante el gobierno anterior.

El balance de la “paz total” incluye, además, cifras relacionadas con la situación de seguridad durante el periodo en el que funcionaron los procesos. Los reportes citados registraron aumentos del 337 % en extorsión, 70 % en amenazas y 168 % en reclutamiento forzado de menores en los territorios evaluados.

A ello se suman las actuaciones de la Contraloría. Una auditoría sobre recursos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y la “paz total” identificó 344 hallazgos y calculó en cerca de $1,16 billones los recursos en riesgo o vinculados con posibles detrimentos patrimoniales.

Uno de los procesos que demandó recursos fue el adelantado con el Clan del Golfo. Los primeros acercamientos entre esa organización y el Gobierno Petro comenzaron en 2022 y tuvieron una nueva etapa en julio de 2024, cuando una resolución autorizó las conversaciones.

La mesa quedó constituida en septiembre de 2025 con Catar como anfitrión y representantes de España, Suiza y Noruega en calidad de mediadores. Durante el proceso se realizaron dos ciclos de conversaciones.

Aunque no se acordó un cese del fuego, las partes alcanzaron compromisos preliminares, entre ellos la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal para concentrar combatientes con miras a un eventual proceso de desarme. Los lugares escogidos estaban ubicados en Unguía y Belén de Bajirá, Chocó, y Tierralta, Córdoba.

Las delegaciones también anunciaron un mecanismo de monitoreo y seleccionaron 15 municipios para desarrollar acciones destinadas a la consolidación de confianza. En Córdoba fueron incluidos Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré; en Antioquia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá; en Bolívar, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, y en Chocó, Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá.

La primera Zona de Ubicación Temporal debía comenzar a funcionar en Tierralta el 1.º de marzo de 2026. Posteriormente, el Gobierno Petro aplazó su puesta en marcha hasta el 25 de junio. El propósito era concentrar allí a 400 integrantes del Clan del Golfo, pero el plazo tampoco se cumplió.

Petro terminó su mandato el 7 de agosto sin que ese componente fuera implementado. Posteriormente, el Gobierno De la Espriella decidió cerrar las conversaciones y revocar las designaciones de los negociadores.

Según las cifras incluidas en el balance, de los $125.174 millones destinados por el Estado a la política de “paz total” entre agosto de 2022 y junio de 2026, cerca de $20.000 millones estuvieron relacionados con el proceso adelantado con el Clan del Golfo.

Durante el mismo periodo, esa organización aumentó su número de integrantes. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en reportes de las Fuerzas Militares, el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 10.268 miembros durante el cuatrienio anterior, un incremento del 152 %.

Con la revocatoria de los representantes gubernamentales ante el ELN quedó cerrado el último de los procesos que continuaba vinculado a la estrategia de negociación iniciada en 2022. El Gobierno De la Espriella dio por terminadas las mesas y acercamientos heredados de la administración Petro después de cuatro años en los que el Estado ejecutó $125.174 millones para sostener los diferentes componentes de esa política.

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