María Clara Posada dice que vehículos de protección para excombatientes de las Farc costarían $226.000 millones al año

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada denunció que el Estado colombiano estaría destinando más de $226.000 millones anuales al sostenimiento de los vehículos asignados a los esquemas de protección de antiguos integrantes de las Farc, y cuestionó el gasto en medio de la situación fiscal del país.

Según la congresista, información entregada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2025 registra 1.272 vehículos asignados a 2.512 exintegrantes de la antigua guerrilla.

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Para estimar los costos, Posada tomó como referencia una cotización que, según indicó, la UNP presentó al Senado en el marco del convenio de protección para 2026.

De acuerdo con las cifras citadas por la senadora, el mantenimiento de las camionetas con blindaje nivel III y IIIA tendría un costo promedio de $17 millones mensuales por vehículo, mientras que el de los automóviles convencionales rondaría los $11 millones al mes.

La congresista advirtió que a estos valores se sumarían los gastos de los escoltas y sus viáticos. Sin embargo, señaló que no dispone de las cifras correspondientes a ese componente porque la información está clasificada como reservada.

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Posada sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas que se reincorporaron a la vida civil, pero pidió mayor transparencia sobre las condiciones otorgadas a los antiguos jefes guerrilleros.

Como parte de sus argumentos, la senadora citó cifras de la Contraloría según las cuales las Farc habrían entregado solo $46.194 millones para la reparación de las víctimas y no habrían entregado el 81,8% de los inmuebles ni el 96,5% de los bienes muebles comprometidos.

La congresista cuestionó el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de La Habana y recordó una estimación publicada por Forbes en 2014, que calculaba en 600 millones de dólares la fortuna de las Farc.

A partir de estas cifras, Posada pidió explicaciones sobre el destino de los recursos y cuestionó que el Estado continúe asumiendo los costos de los esquemas de protección mientras, según sus señalamientos, persisten obligaciones pendientes relacionadas con la entrega de bienes para reparar a las víctimas.

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