Jurisdicción Agraria: oposición busca hundir proyecto por polémico artículo sobre tierras

La ley ordinaria que busca poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia política en el Congreso de la República, en medio de advertencias de sectores de oposición e independientes sobre el alcance del artículo noveno del proyecto, al que señalan de abrir la puerta a una eventual “expropiación exprés” de tierras en Colombia.

La discusión, que se ha convertido en uno de los debates más sensibles de la agenda legislativa del Gobierno de Gustavo Petro, amenaza ahora con hacer naufragar la iniciativa por falta de tiempo.

El proyecto deberá superar sus últimos debates antes del próximo 20 de junio, fecha en la que concluye la legislatura, o quedará archivado automáticamente tras completar el máximo de dos periodos legislativos permitidos para una ley ordinaria.

La polémica se concentra en el artículo noveno del proyecto de ley 398 de 2024 Cámara y 183 de 2024 Senado, que establece facultades para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda resolver determinados conflictos agrarios mediante actuaciones administrativas directas, sin necesidad de que todos los casos pasen inicialmente por jueces agrarios.

Según la propuesta impulsada por el Gobierno, los procesos considerados simples podrían resolverse de manera más rápida desde la administración, mientras que quienes se consideren afectados tendrían posteriormente la posibilidad de acudir ante la jurisdicción agraria para demandar las decisiones adoptadas.

Sin embargo, congresistas de oposición consideran que el modelo altera el equilibrio entre las funciones administrativas y judiciales, al entregar a la ANT un poder excesivo sobre disputas relacionadas con la propiedad rural.

Desde distintos sectores políticos se ha advertido que el artículo podría derivar en decisiones unilaterales sobre predios rurales, recuperación de baldíos, formalización de tierras y conflictos de posesión, sin un control judicial previo automático.

El representante Christian Garcés aseguró recientemente que la discusión se ha frenado precisamente porque varios congresistas consideran que la iniciativa le otorga “superpoderes” a la Agencia Nacional de Tierras para definir asuntos que tradicionalmente han estado bajo conocimiento de los jueces.

A esa posición se han sumado voces como la del representante José Eliécer Salazar, quien afirmó que el artículo noveno permitiría que la ANT afecte derechos de propiedad mediante actos administrativos, debilitando las garantías judiciales para propietarios rurales.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga también expresó reparos sobre la iniciativa y pidió al Congreso abstenerse de aprobar el artículo tal como está redactado.

Según esa organización, la propuesta pone en riesgo la independencia judicial, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad privada protegido en la Constitución.

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La controversia ya comenzó a traducirse en maniobras políticas dentro del Capitolio. En el Senado, congresistas de oposición e independientes estarían recurriendo a estrategias para romper el quórum y evitar que el Gobierno reúna las mayorías necesarias para avanzar rápidamente en el trámite legislativo.

Esa situación quedó en evidencia durante recientes sesiones plenarias, en las que la falta de asistencia impidió continuar con la discusión del articulado.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes el panorama parece ligeramente distinto.

La plenaria logró evacuar los impedimentos y aprobó el informe de ponencia, permitiendo avanzar hacia la discusión de fondo de los artículos del proyecto.

El representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la iniciativa, confirmó que se conformó una mesa técnica para revisar específicamente las inquietudes surgidas alrededor del polémico artículo noveno.

“Después de meses y más de un año de haber sido aprobada la ley en primer debate, hemos logrado construir un acuerdo para aprobar el informe de ponencia y avanzar en una discusión que nos permita retomar algunos puntos polémicos”, señaló el congresista.

Becerra explicó que el objetivo de la mesa técnica será construir una propuesta consensuada que permita destrabar el trámite legislativo y presentar un nuevo texto en las próximas sesiones.

“Hemos acordado construir una mesa técnica que trabajará una propuesta para presentar un texto de acuerdo para la próxima sesión. La Jurisdicción Agraria es un derecho que le asiste a los campesinos y a la sociedad para garantizar justicia en el campo”, afirmó.

Desde el Gobierno nacional se ha insistido en que el proyecto es una pieza clave para implementar la reforma agraria y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia han señalado que la nueva jurisdicción busca crear reglas claras para resolver conflictos sobre tierras, formalización de predios rurales y administración de baldíos.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo recientemente que el mensaje de insistencia radicado por el Ejecutivo no pretende imponer decisiones al Congreso, sino garantizar que el debate se produzca antes de que expire el tiempo legislativo.

El Gobierno también ha defendido que la ANT mantenga facultades administrativas para recuperar tierras baldías ocupadas irregularmente y avanzar en las metas de formalización y redistribución de tierras previstas en la reforma rural integral.

La Jurisdicción Agraria y Rural fue creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y posteriormente respaldada por una ley estatutaria avalada por la Corte Constitucional.

Lo que actualmente se discute en el Congreso es la ley ordinaria que definirá las competencias, procedimientos y funcionamiento práctico de los jueces y tribunales agrarios.

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