Gobierno anuncia acciones jurídicas contra gobernadores que buscan frenar decreto de emergencia económica

El Gobierno nacional anunció que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que han manifestado su intención de no aplicar el decreto de emergencia económica, expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, el ministro encargado de esa cartera, Andrés Idárraga, señaló que el cumplimiento del orden constitucional es obligatorio para todas las autoridades públicas y que no admite excepciones.

“El orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, sin excepción”, afirmó Idárraga, al insistir en que el decreto de emergencia económica debe aplicarse en todo el territorio nacional. Según explicó, cualquier actuación administrativa que desconozca la Constitución dará lugar a las acciones jurídicas correspondientes por parte del Gobierno.

El funcionario subrayó que el respeto por la Constitución no es una opción y aseguró que el Ejecutivo actuará dentro del marco institucional para hacerla valer. “El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará respetar en todos los escenarios que sean necesarios”, indicó.

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En la comunicación oficial, el Ministerio de Justicia reiteró que el Gobierno nacional acudirá a los mecanismos legales e institucionales para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las decisiones adoptadas conforme al ordenamiento constitucional.

El pronunciamiento se da en medio de la controversia generada por la expedición del decreto de emergencia económica, publicado el pasado 22 de diciembre, luego de que el Congreso archivara la propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo. Desde entonces, varios gobernadores han anunciado que estudian figuras jurídicas, como la excepción de inconstitucionalidad, para frenar su aplicación.

La Federación Nacional de Departamentos informó que presentará una demanda contra el decreto al considerar que representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y para la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte. En particular, cuestiona el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad de la medida.

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