Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara: nueve páginas sobre sus 76 días como ministro del Interior

Rodrigo Lara Restrepo presentó este jueves su renuncia irrevocable al Ministerio del Interior, mediante una carta de nueve páginas dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, en la que hizo un recuento de los resultados que atribuye a sus 76 días de gestión, defendió las actuaciones de su despacho y dejó constancia de proyectos legislativos, reformas administrativas y medidas de seguridad que, según explicó, quedaron en desarrollo.

La renuncia se radicó horas después de que fuera anunciada su salida por parte del presidente de La Espriella.

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En las últimas horas se conoció un video de cómo se enteró el ministro de que habían prescindido de él cuando estando en plena sesión del Congreso recibió un mensaje en su teléfono celular, respiró profundo, guardo sus cosas en su maletín y se despidió del senador Enrique Gómez quien no entendió la situación.

Minutos después, el presidente De la Espriella anunció públicamente, a través de su cuenta en X, que agradecía al ministro los servicios prestados y que Alejandro Ordóñez sería su reemplazo. El mandatario también informó que Iván Cancino asumiría temporalmente las funciones de la cartera mientras se producía la llegada del nuevo titular.

El anuncio presidencial ocurrió horas después de que se conociera la caída de la ley de presupuesto por un vicio de trámite y de que circulara un video en el que Lara reconocía que Bernardo Jaramillo había sido un gran hombre. Ambos episodios antecedieron su salida del gabinete, aunque la carta de renuncia no los identifica como las razones de su decisión.

En medio de estos acontecimientos, el exministro formalizó su retiro mediante una comunicación fechada en Bogotá el 22 de octubre de 2026, identificada con el radicado 2026-2-001000-065324, en la que expresó su agradecimiento al jefe de Estado por haberlo designado y manifestó su disposición a realizar el empalme con quien fuera nombrado para sucederlo.

“Por medio de la presente, me permito presentar ante usted mi renuncia, de manera libre, voluntaria e irrevocable, al cargo de Ministro del Interior, para el cual tuvo a bien designarme, con efectos a partir de la fecha en que sea aceptada”, señaló Lara en el primer apartado del documento.

El exfuncionario manifestó que servir al país desde esa cartera había representado un honor y aseguró que durante su permanencia trabajó con un equipo comprometido con las instituciones, los territorios, la seguridad y la convivencia.

También ofreció entregar la información relacionada con los asuntos pendientes, con el propósito de garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos con el Congreso, las autoridades territoriales y los ciudadanos.

Sin embargo, la mayor parte de la comunicación está dedicada a presentar un balance de su administración, organizado en diez componentes que abarcan la conformación del equipo ministerial, la atención de emergencias, la lucha contra la corrupción, las reformas normativas, la seguridad territorial, las relaciones con el Congreso y el diálogo con organizaciones sociales.

Uno de los primeros asuntos que destacó fue la conformación del equipo directivo del Ministerio del Interior. Lara sostuvo que los nombramientos se hicieron con criterios profesionales y sin compromisos derivados de cuotas políticas.

“Conformamos en el Ministerio un gran equipo de trabajo, sin cuotas políticas ni milimetrías de ningún tipo”, escribió.

Explicó que sus dos viceministros fueron seleccionados por sus hojas de vida y méritos académicos. Según su descripción, ambos cuentan con doctorados y experiencia docente en universidades colombianas y extranjeras.

Agregó que los directores posesionados tenían trayectorias profesionales similares y que varios asesores del despacho procedían de cargos de alta dirección en empresas del país.

Como respaldo a esa valoración mencionó a los ministerios de Defensa, Justicia y Ambiente, a la Vicepresidencia de la República y a Ximena Peñafort, asesora de esa dependencia.

En materia de atención de emergencias, Lara afirmó que estuvo al frente de las labores institucionales desarrolladas tras el terremoto que afectó principalmente a Chocó y Risaralda, así como a sectores del Valle del Cauca y Quindío.

De acuerdo con su balance, coordinó el trabajo de los rescatistas, las ayudas humanitarias y la entrega de auxilios monetarios a poblaciones afectadas, entre ellas Cali.

Sostuvo que las actuaciones permitieron articular a distintas entidades del Estado y que esa coordinación recibió el reconocimiento de alcaldes, gobernadores y habitantes de las regiones atendidas.

También aseguró que dirigió personalmente la respuesta a los incendios registrados a finales de agosto en municipios del Tolima y en Villa de Leyva. Señaló que el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos participaron en las operaciones de atención de esas emergencias.

Uno de los capítulos más extensos y con mayores cifras corresponde a las medidas que, según Lara, adoptó para combatir la corrupción y reducir gastos de funcionamiento.

El exministro afirmó que su despacho eliminó 557 contratos de prestación de servicios que calificó como vinculaciones de contratistas fantasmas y que, en su concepto, correspondían a las denominadas “corbatas”.

También aseguró que, como parte de una política de austeridad, el Ministerio del Interior recortó y devolvió al Ministerio de Hacienda $103.000 millones para su destinación a programas sociales.

Estas cifras aparecen en la carta como resultados reportados por Lara y no están acompañadas, en las imágenes suministradas, de los actos administrativos o soportes contables que permitan verificarlas de manera independiente.

En ese mismo apartado, el exfuncionario sostuvo que contrató un equipo de auditoría forense con el que identificó presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos por cerca de $60.000 millones.

Según su relato, los hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, junto con los elementos probatorios correspondientes, para que se adelantara su eventual judicialización.

La comunicación no identifica a los presuntos responsables ni señala decisiones judiciales sobre esos hechos, por lo que las irregularidades mencionadas corresponden a los hallazgos que Lara afirma haber reportado.

El exministro agregó que su despacho había comenzado una auditoría sobre convenios suscritos con autoridades indígenas por más de un billón de pesos y que también se encontraba en marcha la revisión de contratos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Otro resultado que presentó fue la expedición del Decreto 1525 de 2026, relacionado con la regulación de la protesta social.

Lara explicó que la reforma respondió a un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia y que su elaboración requirió un trabajo de revisión constitucional.

Según su exposición, la norma busca garantizar los derechos de quienes participan en manifestaciones y de quienes no lo hacen, mediante reglas que permitan el ejercicio de la protesta sin desconocer otros derechos ciudadanos.

El exministro sostuvo que el decreto estableció un equilibrio entre las garantías de los manifestantes y la obligación de las autoridades de preservar el orden público. Añadió que alcaldes y gobernadores habían recibido favorablemente la reforma.

En el documento también dedicó un amplio espacio a los cambios propuestos en el procedimiento de consulta previa, mecanismo mediante el cual deben garantizarse los derechos de las comunidades étnicas frente a determinadas decisiones o proyectos que puedan afectarlas directamente.

Lara aseguró que su administración inició una reforma de este procedimiento mediante tres instrumentos normativos y un plan de transformación de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

El primero es la Directiva Presidencial 06, que, según el documento, fue firmada por el presidente y comenzó a regir el 14 de octubre de 2026.

Explicó que esta directiva reemplazó disposiciones de 2010, 2013 y 2020, con el propósito de establecer reglas comunes para las entidades del Gobierno.

Entre los cambios descritos mencionó la acreditación de autoridades comunitarias mediante registros oficiales, la exigencia de representación formal para terceros y la definición de la consulta como un procedimiento de diálogo sobre afectaciones concretas, en lugar de una negociación económica.

También indicó que la directiva contempla la posibilidad de cerrar los procedimientos sin acuerdo, siempre que las comunidades hayan contado con una oportunidad efectiva de participación de buena fe.

El segundo instrumento corresponde a un proyecto de decreto para modificar el Decreto 1066 de 2015.

Según Lara, esta iniciativa busca establecer etapas y plazos definidos, sustituir el criterio de simple presencia de comunidades por el de afectación directa y derogar los decretos 1320 de 1998 y 2613 de 2013.

La propuesta incluye convocatorias públicas mediante edictos, términos para las actuaciones y decisiones adoptadas mediante actos administrativos motivados, susceptibles de los recursos correspondientes.

El exministro señaló que esperaba que el presidente pudiera expedir esa regulación durante la semana siguiente a su renuncia.

El tercer instrumento es un proyecto de modificación del Decreto 1076 de 2015, trabajado conjuntamente con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

Su propósito, de acuerdo con la carta, es permitir que los trámites de consulta previa y licenciamiento ambiental avancen simultáneamente, sin que la decisión sobre la licencia se produzca antes de agotar la consulta o determinar su improcedencia.

El proyecto también contempla que los acuerdos protocolizados con las comunidades se incorporen a las licencias ambientales en los términos pactados.

En cuanto al funcionamiento administrativo de la Dirección de Consulta Previa, Lara informó que había puesto en marcha un plan para resolver expedientes represados, con una meta de 90 días.

El programa comprendía la digitalización de expedientes, la creación de una ventanilla única digital, la designación de responsables individuales para cada trámite, cronogramas, alertas y un tablero nacional de seguimiento.

También mencionó la conformación de un comité independiente para examinar expedientes bloqueados y la intención de incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión de la dependencia.

Como resultado de estas medidas, afirmó que en dos meses se resolvió la etapa de preconsulta del proyecto del Canal del Dique, que, según su versión, llevaba cuatro años estancada.

Explicó que ese avance permitiría al concesionario continuar con el cierre financiero y preparar el inicio de las obras para febrero, conforme al compromiso presidencial con las comunidades.

Otro caso mencionado fue la ampliación del Muelle 13 del puerto de Buenaventura. Lara aseguró que su despacho resolvió la no procedencia de la consulta previa para ese proyecto, sin desconocer los derechos de las comunidades.

En el capítulo de seguridad y orden público, el exministro destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública en distintas regiones del país.

Señaló que participó en una estrategia de presencia institucional mediante consejos de seguridad realizados en Ocaña, con autoridades del Catatumbo; Aguachica, con alcaldes del sur del Cesar; Santa Rosa del Sur, con representantes de la Serranía de San Lucas; Neiva, con autoridades del Huila, y Riohacha, con representantes de La Guajira.

Según el documento, estas reuniones permitieron coordinar acciones con la Fuerza Pública y acompañar a las administraciones locales en sus gestiones ante el Gobierno nacional.

Lara también aseguró que se liberaron recursos del Fonsecon para fortalecer la seguridad ciudadana.

Entre los destinos de esas inversiones enumeró la instalación de mallas antidrones en estaciones de Policía especialmente expuestas a ataques, la reconstrucción de instalaciones policiales afectadas por estos dispositivos, la adquisición de cámaras con reconocimiento facial y la dotación de drones para unidades de la Fuerza Pública.

En ese apartado agradeció al ministro de Defensa, Mora, y a la cúpula militar y policial por el trabajo conjunto desarrollado durante su administración.

La agenda legislativa ocupó otro segmento de la carta. Lara sostuvo que su equipo radicó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo de transparencia legislativa, identificado públicamente como la iniciativa contra la “mermelada”.

Según explicó, el propósito es modificar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante mecanismos que permitan hacer transparentes las gestiones entre ambas ramas del poder público.

El exministro expresó su expectativa de que el proyecto continúe su trámite después de su salida del Gobierno.

También informó que había avanzado en la elaboración de un estatuto antiterrorista compuesto por dos iniciativas: una ley estatutaria, que aseguró estaba lista para radicación, y una ley ordinaria cuyos últimos artículos permanecían pendientes de revisión con el equipo jurídico presidencial.

De acuerdo con el documento, la propuesta busca combatir las fuentes de financiación de organizaciones terroristas mediante mecanismos de trazabilidad del oro y otros minerales estratégicos, regulación de proveedores de activos virtuales y restricciones a operaciones en efectivo de alto valor.

Lara aseguró que el estatuto fue trabajado con representantes de Estados Unidos y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Además, mencionó una conversación sostenida el día anterior con Alexandre Zouev, a quien identificó como alto funcionario de Naciones Unidas, en la que, según afirmó, se acordó asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo y la implementación de la iniciativa.

Señaló que el trabajo legislativo se había adelantado con el Ministerio de Defensa y con el ministro Iván Alfonso Cancino.

En materia de sometimiento a la justicia, el exfuncionario destacó que el proyecto de ley correspondiente había obtenido aprobación en primer debate el día anterior a la presentación de su renuncia.

También informó que se encontraba listo para radicación un acto legislativo destinado a establecer a Barranquilla como capital alterna de Colombia.

Para impulsar esa iniciativa, tenía previsto reunirse durante la semana siguiente con la bancada Caribe del Congreso.

Otro asunto que dejó consignado fue un proyecto de ley de experimentación territorial, orientado a transferir determinadas competencias administrativas a departamentos y municipios seleccionados de acuerdo con sus capacidades institucionales.

Lara explicó que la propuesta buscaba ensayar nuevos esquemas de distribución de funciones antes de extenderlos a otras entidades territoriales.

Según el documento, esta iniciativa formaba parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el papel de los departamentos como instancia intermedia entre la Nación y los municipios.

El exministro sostuvo que sus equipos habían trabajado con asociaciones municipales y gobernaciones para identificar funciones susceptibles de transferencia mediante convenios o disposiciones legales.

Añadió que, junto con el Ministerio de Hacienda, se adelantaban cálculos sobre los costos de trasladar experimentalmente determinadas funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los procedimientos de licenciamiento minero.

Indicó que la propuesta estaba prevista para ser presentada en el Consejo de Ministros del 21 de octubre.

En el componente de gobernabilidad, Lara defendió su papel en la construcción de las mayorías legislativas del Gobierno.

Afirmó que, pese a las dificultades surgidas antes del inicio de la administración, su despacho consiguió articular una mayoría parlamentaria sin recurrir a cuotas burocráticas ni a negociaciones ocultas.

También aseguró que el Gobierno había conformado una mayoría favorable en el Consejo Nacional Electoral.

Uno de los apartados de mayor contenido político se refiere a la elección del contralor general de la República.

Lara manifestó que el Ministerio del Interior había cumplido la instrucción presidencial de no intervenir directamente en una elección correspondiente al Congreso, pero sostuvo que, simultáneamente, se había garantizado que el resultado favoreciera a la coalición gubernamental y no a alianzas con la oposición.

El exministro igualmente describió como respetuosa la relación sostenida con los partidos políticos durante sus 76 días en el cargo.

Como ejemplo mencionó un desayuno celebrado el 21 de octubre con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y voceros del Centro Democrático.

Según relató, durante ese encuentro se acordó respaldar proyectos de ley de interés común, una línea de trabajo que esperaba se mantuviera tras su retiro.

En medio de este balance, Lara incluyó una precisión relacionada con el trámite del presupuesto nacional, asunto que había generado controversia política durante las horas anteriores a su salida.

“Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos”, escribió.

El exministro agregó que esa responsabilidad corresponde a otra cartera y concluyó con una afirmación dirigida a delimitar las competencias de su despacho: “Nadie puede responder por lo que no controla”.

La referencia adquiere relevancia porque su renuncia ocurrió después de que se conociera la caída de la ley de presupuesto por un vicio de trámite. No obstante, Lara no identificó en la carta a los funcionarios que habrían cometido el error ni explicó las circunstancias específicas que llevaron a esa situación.

El último capítulo del balance estuvo dedicado al diálogo social y a las relaciones con las organizaciones indígenas.

Lara afirmó que el Ministerio del Interior había desarrollado mecanismos de prevención de conflictos mediante la Estrategia PATRIA de alertas tempranas y espacios de interlocución con distintos sectores sociales.

Según su relato, estas actuaciones permitieron anticipar movilizaciones y abrir canales de comunicación antes de que se produjeran bloqueos u otras manifestaciones.

En relación con las comunidades indígenas, señaló que el Ministerio preparó y convocó una reunión presidencial con 19 autoridades indígenas de diferentes regiones del país.

También informó que había iniciado conversaciones con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización con la que se proyectaba continuar el diálogo después de la protesta del 14 de octubre.

Lara sostuvo que la interlocución con esa organización buscaba fortalecer el contacto con sus sectores moderados y evitar nuevos bloqueos mediante acuerdos y mecanismos de concertación.

Adicionalmente, señaló que su equipo dejó preparado un proyecto de decreto para establecer un registro de las guardias indígenas, con el propósito de articular acciones destinadas a prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes, especialmente en el Cauca.

Después de exponer estos diez componentes, el exministro reiteró que los resultados descritos correspondían a los primeros 76 días del Gobierno.

Manifestó que varios proyectos permanecían en ejecución y expresó su deseo de que su sucesor continuara desarrollándolos para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la administración De la Espriella.

“Señor Presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos”, señaló.

En los párrafos finales, Lara agradeció al presidente y a su familia la confianza recibida durante la campaña y su permanencia en el gabinete.

También afirmó que había trabajado en armonía con sus compañeros de Gobierno y que mantendría su respaldo político al proyecto presidencial, pese a su salida del Ministerio del Interior.

El exfuncionario cerró la comunicación con un mensaje de apoyo personal al mandatario y a la iniciativa política denominada Patria Milagro.

“Cuente conmigo desde donde me encuentre y en el destino que me deparen Dios, la providencia y el amor por mi familia. Tiene mi respaldo sincero a su Gobierno y al proyecto de la Patria Milagro”, expresó.

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