Gobierno Petro también habría frenado operaciones militares contra disidencias de las Farc

La política de Paz Total del presidente saliente Gustavo Petro cierra su ciclo envuelta en una tormenta de escándalos. Luego de que a principios de semana estallara la controversia por presuntas concesiones de no persecución al Clan del Golfo, Noticias RCN publicó un documento reservado que revelaría el mismo patrón de beneficios con las disidencias de las Farc, específicamente con la segunda Marquetalia.

Según el documento, a través de directrices reservadas emitidas entre 2024 y 2025, se habría ordenado la suspensión de operaciones militares de inteligencia, aviación no tripulada y acciones policiales contra esa organización armada ilegal.

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El escrito, firmado por el entonces comisionado de paz Otty Patiño, va incluso más lejos que los acuerdos conocidos con el Clan del Golfo: en él se habría solicitado al entonces ministro de Defensa Iván Velásquez que autorizara a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) para prestar seguridad a los cabecillas de las disidencias en los aeropuertos de Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y en la Central Aeroespacial en Bogotá. En otras palabras, el Estado colombiano habría sido requerido para proteger a los propios líderes de un grupo armado ilegal.

El primer escándalo que antecedió a esta revelación tuvo origen el 24 de junio de 2026, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol divulgó grabaciones hasta entonces inéditas. Las cintas de audio datan del 2 de septiembre de 2022, pocas semanas después del arranque del gobierno Petro, y registran una reunión secreta celebrada en el Urabá antioqueño entre el entonces comisionado de paz Danilo Rueda y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, jefe político del Clan del Golfo. En ese encuentro, Rueda habría expuesto compromisos que incluirían la suspensión de operaciones militares contra esa organización, la reducción de bombardeos, la revisión de la política de extradición de sus principales jefes y una eventual depuración dentro de la Fuerza Pública.

Ambos escándalos comparten un denominador común: los mismos funcionarios aparecen mencionados en los dos casos. Ante las presuntas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa Iván Velásquez, el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, el exdirector de la DNI Jorge Lemus y el entonces jefe de contrainteligencia Ricardo Rey Rosanía.

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