Denuncian penalmente a exministro Ávila por presuntas inconsistencias en el presupuesto de 2027

El representante a la Cámara y vicepresidente primero de la corporación, Simón Molina Gómez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda Germán Ávila y otros funcionarios que habrían participado en la formulación, revisión y radicación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

La acción judicial busca establecer si las inconsistencias identificadas en el proyecto presentado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro corresponden a errores técnicos o si podrían constituir conductas con relevancia penal.

El proyecto presentado por la anterior administración contemplaba un presupuesto de $575,6 billones, de los cuales $30,2 billones estaban condicionados a la aprobación de una ley de financiamiento que no había sido aprobada al momento de la radicación.

“Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe”, afirmó Molina al cuestionar que parte de los recursos proyectados dependieran de una norma que todavía debía ser tramitada por el Congreso.

Las inconsistencias que señala la denuncia

Entre los elementos que motivaron la denuncia están las observaciones realizadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el proyecto presupuestal.

Según los datos citados por el congresista, el gasto primario superaba en $20,7 billones el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. También se identificaron dudas sobre $12,6 billones correspondientes a recursos de balance y una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y los recursos que se pretendían obtener mediante la reforma tributaria propuesta por la administración anterior.

A esto se suma una presunta subestimación de obligaciones por $9,6 billones, relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), gas, salud, pensiones y subsidios de energía.

Molina solicitó a la Fiscalía determinar si estas diferencias fueron producto de errores en la elaboración de las cuentas o si existió una conducta deliberada en la presentación de la información presupuestal.

La denuncia plantea que, de comprobarse los hechos señalados, podrían configurarse los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal. La determinación sobre la existencia de responsabilidad penal corresponderá a las autoridades competentes.

Piden revisar documentos de la elaboración del presupuesto

Como parte de la denuncia, el congresista solicitó recopilar la documentación utilizada para formular y sustentar el proyecto de presupuesto.

Entre los documentos que pidió revisar se encuentran las actas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), memorandos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, documentos relacionados con el proceso de empalme y los soportes que sirvieron de base para las proyecciones presupuestales.

“Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran”, manifestó Molina.

El congresista sostuvo que espera que la investigación permita establecer cómo fueron construidas las cifras y si existieron irregularidades en el proceso.

Gobierno de De La Espriella presentó un nuevo presupuesto

Tras asumir el Gobierno, la administración de Abelardo De La Espriella revisó el proyecto presentado por el anterior Ejecutivo y radicó una nueva propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones.

El monto es $59,3 billones superior al proyecto de $575,6 billones presentado inicialmente por el Gobierno Petro.

Según Molina, el incremento responde, entre otros factores, a la incorporación de obligaciones que, a su juicio, no habían sido contempladas adecuadamente en la propuesta anterior.

Entre los rubros mencionados están $6,5 billones adicionales para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios públicos, $0,7 billones para universidades y $9,6 billones correspondientes al Fepc.

A estos valores se suma, según el congresista, un incremento de $37,4 billones en el servicio de la deuda.

Molina también cuestionó la diferencia entre la estimación inicial del déficit fiscal y la cifra resultante después de la revisión de las cuentas. Según sus declaraciones, el déficit anunciado inicialmente en 2,1 % del PIB habría pasado a 4,4 % del PIB tras la incorporación de las obligaciones señaladas.

El nuevo proyecto de presupuesto deberá ser estudiado y debatido por el Congreso de la República, mientras la Fiscalía tendrá que determinar si abre una investigación formal a partir de la denuncia presentada contra el exministro y los demás funcionarios señalados.

Por ahora, la denuncia constituye una solicitud de investigación y no implica que Germán Ávila ni los demás exfuncionarios hayan sido declarados responsables de los delitos mencionados.

Otras noticias