Contraloría alerta por presión de la deuda pública y advierte riesgos para la inversión social en los próximos años

La Contraloría General de la República encendió alertas sobre el panorama fiscal del país al advertir que el nivel de endeudamiento del Gobierno nacional, durante la administración del presidente Gustavo Petro, podría comprometer la capacidad de pago y reducir el margen para la inversión social en los próximos años, pese a que no se han sobrepasado los límites establecidos por la regla fiscal.

Así lo señaló el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien explicó que la deuda total del Gobierno alcanza actualmente el 57% del Producto Interno Bruto, una cifra inferior al tope del 71% permitido por la ley. Sin embargo, el riesgo no está en el volumen de la deuda, sino en la rigidez del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con el funcionario, cerca del 92% del presupuesto está comprometido en gastos fijos como el servicio de la deuda, pensiones, el Sistema General de Participaciones y funcionamiento del Estado, lo que deja un margen muy limitado para la inversión. “Si hacia 2029 el país debe pagar en promedio 7,9 billones de pesos y solo cuenta con un 8% de recursos disponibles, el esfuerzo fiscal será enorme”, advirtió.

El informe del ente de control analizó dos operaciones recientes de deuda. La primera, realizada en diciembre de 2025 por 23 billones de pesos, correspondió a la venta de títulos TES a la firma Pimco con el fin de mejorar la liquidez del Gobierno. Según la Contraloría, esta transacción no generó nueva deuda y se ajustó a todas las normas legales.

Distinto fue el caso de la emisión de bonos externos por cerca de 4.950 millones de dólares, realizada en enero de 2026. Esta operación sí representó endeudamiento adicional y fue destinada a cubrir las necesidades financieras del Presupuesto General de la Nación para este año. Para Zuluaga, este movimiento incrementa la presión sobre las finanzas públicas futuras, especialmente si la economía no logra un crecimiento sostenido.

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El vicecontralor también explicó que la situación de caja del Gobierno a finales de 2025 fue determinante para acudir a estas operaciones. En ese momento, el saldo disponible era de apenas 1,4 billones de pesos, insuficiente para cubrir todas las obligaciones, lo que obligó a reforzar la liquidez mediante la venta de activos financieros.

Uno de los principales focos de preocupación está en el calendario de pagos de la deuda pública. La Contraloría advirtió que entre 2029 y 2033 se concentrarán vencimientos por aproximadamente 89,6 billones de pesos, correspondientes a bonos globales, TES en pesos y en UVR, así como títulos emitidos durante la pandemia.

El informe también señala que el aumento sostenido del gasto de funcionamiento ha reducido aún más la flexibilidad fiscal. Según el ente de control, este rubro pasó de 83 billones de pesos durante el gobierno anterior a 89 billones en la actual administración, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto.

Frente a estas advertencias, el presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno no ha incurrido en endeudamiento irresponsable y que las operaciones realizadas han buscado principalmente atender obligaciones previas. No obstante, la Contraloría aclaró que, aunque algunas operaciones no generaron nueva deuda, otras sí incrementan las obligaciones futuras del Estado.

El ente de control concluyó que el endeudamiento sigue siendo sostenible por ahora, pero advirtió que un menor recaudo tributario, como el registrado en 2025, reduce aún más el margen de maniobra. En ese contexto, insistió en la necesidad de una gestión fiscal rigurosa para evitar que los futuros gobiernos tengan que elegir entre cumplir con el pago de la deuda o financiar la inversión social.

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