Cielo Rusinque cuestiona al Consejo de Estado por fallo que declaró la nulidad de su nombramiento

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio saliente, retirada del cargo por decisión del Consejo de Estado organismo que consideró que no cumplió los requisitos legales para acceder el cargo, salió en defensa de sus actuaciones y cuestionó severamente la decisión del alto tribunal.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que expuso sus argumentos frente a la decisión:

“Con ocasión de la sentencia que declaró la nulidad de mi nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio, quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia del Consejo de Estado.

En particular, la argumentación desborda el análisis normativo y probatorio y termina por conferir apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable.

En primer lugar, el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en Paris, en una institución internacionalmente reconocida,  carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran.

A ello se suma la desestimación, sin justificación suficiente, de la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado.

De igual manera, a pesar de lo certificado por la Universidad de Paris II, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de mi título de maestría, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Asimismo, se desconoce el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que prevé un plazo de dos años desde la posesión, imponiendo una exigencia no contemplada en la normativa vigente.

Las dudas expresadas sobre la equivalencia del título obtenido en Francia no justificaban, en ningún caso, prescindir de la certificación expedida por la universidad que acreditaba su nivel de maestría.

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Permítaseme insistir en lo relativo a mis dos diplomas de maestría. Resulta, cuando menos, jurídicamente cuestionable que unos magistrados pongan en entredicho la validez o el alcance de un título conferido por la Universidad Paris II Panthéon-Assas, institución de reconocido prestigio internacional, históricamente vinculada a la formación de juristas y al desarrollo del pensamiento jurídico.

No se trata únicamente de un documentos académico, sino de un acto formal investido de presunción de legitimidad, cuya autoridad descansa en la tradición, el rigor y el reconocimiento de una de las más altas casas de estudio del derecho.

Finalmente, la providencia adopta un estándar de valoración probatoria abiertamente restrictivo al desconocer mi experiencia como docente investigadora  del Externado en el campo del Derecho Público público y constitucional, mediante exigencias de detalle que exceden lo razonable.

Con ello, se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo. Aún así, privándome de más de 4 años de experiencia -que hubieran sido suficientes para acreditar el requisito exigido-, me fueron reconocidos 8 años y 6 meses de ejercicio de la profesión relacionado con el cargo.

Tan débil fue el análisis del Consejo de Estado, que el Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil -el más preparado y académicamente estructurado de la Sala- decidió salvar su voto.

Esto, porque, como lo insistimos a lo largo de nuestra defensa y como lo reiteramos ahora, nunca se logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo de mi nombramiento.

En el fondo, más allá de lo jurídico, lo cuestionable e inquietante es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas al servicio de la persecución del progresismo y de las fuerzas que han utilizado todas las formas de lucha para impedir las transformaciones profundas que requiere el país para ser una nación desarrollada y con justicia social.

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