Carrascal niega injerencia en creación de Notaría 82 de Bogotá, bajo revisión por autoridades

La creación de la Notaría 82 de Bogotá, oficializada el pasado 5 de junio para operar en el sector de San Victorino, entró en revisión tras cuestionamientos sobre el trámite del decreto y posibles gestiones políticas en su apertura.

El caso llegó al equipo de empalme del gobierno entrante en el sector Justicia, donde también se analizan otros nombramientos recientes dentro del sistema notarial. De manera paralela, surgieron dudas sobre el proceso administrativo que derivó en la expedición del decreto que dio origen al nuevo despacho.

Según versiones conocidas públicamente, tanto el Ministerio de Justicia como la Superintendencia de Notariado y Registro señalaron no tener claridad completa sobre el origen del trámite. Desde el Ministerio se indicó que la entidad revisa la viabilidad jurídica de los estudios remitidos, mientras que desde la Superintendencia se afirmó que el análisis técnico ya estaba elaborado al momento de la llegada de la actual administración.

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En medio de los cuestionamientos, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, negó haber influido en la creación de la notaría. La congresista aseguró que su participación se limitó a acompañar una solicitud de comerciantes del sector de San Victorino, quienes pedían la restitución de un servicio notarial previamente existente.

De acuerdo con Carrascal, la necesidad de la notaría fue planteada por actores del sector comercial desde años anteriores y habría sido sustentada mediante estudios técnicos realizados por las autoridades competentes. La congresista sostuvo que la iniciativa no fue de su autoría y que el proceso respondió a requerimientos de la comunidad.

El sector de San Victorino, uno de los principales polos comerciales de Bogotá, concentra miles de establecimientos y un alto volumen de transacciones, argumento que ha sido mencionado como justificación para la apertura del nuevo despacho notarial.

Adicionalmente, la revisión incluye el análisis de la participación de funcionarios y asesores vinculados a la Superintendencia durante el proceso. Las autoridades deberán establecer si el trámite cumplió con los procedimientos establecidos y si existieron o no irregularidades.

El caso se encuentra en etapa de verificación, mientras se define si se requieren acciones administrativas o disciplinarias adicionales.

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