Cabecillas en Itagüí aceptan culpa por fiesta y piden retomar diálogos de paz

Tras varios días de controversia por la realización de una parranda vallenata en la cárcel La Paz, en el municipio de Itagüí, los cabecillas recluidos en ese penal y vinculados al proceso de paz urbana con el Gobierno nacional emitieron un comunicado en el que ofrecieron excusas públicas y asumieron la responsabilidad política por lo ocurrido.

El pronunciamiento se conoció horas después de un nuevo operativo adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que dejó al descubierto una serie de elementos prohibidos al interior del establecimiento.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron halladas 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, así como licuadoras y sanducheras. También se incautaron bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El hallazgo volvió a encender las críticas sobre las condiciones en las que permanecen los cabecillas que participan en el proceso de paz urbana, quienes fueron trasladados y concentrados en ese centro carcelario en el marco de los diálogos con delegados del Gobierno.

En el comunicado, los voceros privados de la libertad señalaron que asumen “la responsabilidad política como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización” por los hechos relacionados con la celebración en la que participó el cantante vallenato Nelson Velásquez.

Lea también: (Cruz Verde no renovará contrato con Sanitas EPS para la entrega de medicamentos PBS en 2026)

Añadieron que comprenden “el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional ha depositado” en el proceso.

En ese mismo texto solicitaron al presidente Gustavo Petro la reactivación de los diálogos de paz urbana, suspendidos tras la polémica. Asimismo, manifestaron su compromiso de que hechos similares “no se vuelvan a repetir”.

La fiesta, difundida en videos que circularon en redes sociales, mostró a varios internos compartiendo en un ambiente festivo dentro del penal.

Las imágenes generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos y ciudadanos, quienes pusieron en duda los controles al interior del establecimiento y el alcance real de los beneficios otorgados en el marco de la denominada “Paz Total”.

Entre las voces críticas se encuentra la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se pronunció a través de su cuenta en la red social X. “Todo comenzó con el Pacto de la Picota para ganar la Presidencia.

Luego sacaron adelante la ‘Paz Total’ en el Congreso en 2022. Esto le dio a Petro la posibilidad de nombrar a los peores criminales como ‘Voceros o Gestores de Paz’. Luego el ‘Tarimazo’. Y ahora esto…”, escribió el mandatario local.

De otro lado, los cabecillas también solicitaron respeto por sus esposas, luego de que varios concejales de Medellín afirmaran que durante la celebración habrían ingresado trabajadoras sexuales al penal.

Frente a esas versiones, el comunicado señala que tales afirmaciones “lejos de ser fruto de una valoración objetiva de los hechos objeto de reproche, corresponden más al morbo político y estrategia electoral de quienes pretenden construir la paz basada en el silencio de los sepulcros y la desesperanza de los presidios”.

Mientras avanzan las investigaciones internas del Inpec y se mantienen las reacciones políticas, el episodio ha reabierto el debate sobre los alcances, controles y condiciones del proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno nacional, así como sobre el manejo de los centros de reclusión donde permanecen quienes participan en estos diálogos.

Otras noticias