Abelardo de la Espriella encaró a gobernadora y congresista de San Andrés: “Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, protagonizó un fuerte enfrentamiento con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes cuestionó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, la contratación departamental y la crisis administrativa del Hospital Departamental del archipiélago. El mandatario aseguró que conoce situaciones que comprometerían la administración de recursos en las islas, señaló directamente al esposo de la congresista por su supuesta participación en contratos oficiales y advirtió que no permitirá interferencias en la intervención del centro asistencial.

El enfrentamiento ocurrió durante la visita presidencial realizada entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre de 2026, cuando el jefe de Estado cumplió una agenda institucional relacionada con seguridad, infraestructura, salud y proyectos de inversión para San Andrés y Providencia. En medio de las actividades, el mandatario encaró a las dos dirigentes del Partido Liberal y les manifestó que su administración investigará las actuaciones que considera irregulares.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, le reclamó directamente a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, en uno de los momentos más tensos del intercambio. El señalamiento estuvo acompañado de cuestionamientos sobre los negocios que, según el presidente, se estarían desarrollando alrededor de la administración departamental.

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De la Espriella sostuvo que tiene información sobre la contratación de la Gobernación y mencionó expresamente a Coralina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entidad encargada de ejercer funciones de autoridad ambiental en el territorio insular.

“Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, manifestó el mandatario ante las dirigentes regionales.

La congresista rechazó los señalamientos y le pidió al presidente que adelantara las investigaciones correspondientes para comprobar sus afirmaciones. Jay-Pang sostuvo que las indagaciones no encontrarían elementos que respaldaran las acusaciones formuladas en su contra.

Ante esa respuesta, De la Espriella insistió en que demostraría sus denuncias. “¿Quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, respondió el mandatario, quien reiteró su inconformidad con el manejo de los asuntos públicos del archipiélago.

Otro de los principales motivos del enfrentamiento fue la intervención administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 16 de octubre de 2026, después de identificar deficiencias en la prestación de servicios médicos, dificultades financieras e incumplimientos reiterados de los planes de mejoramiento establecidos desde 2022.

El presidente acusó a las dirigentes de haber promovido, presuntamente, la participación de personas en manifestaciones contra la intervención del hospital. También cuestionó que, según su versión, inicialmente habían expresado conformidad con la decisión del Gobierno nacional.

“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, les advirtió.

Las afirmaciones del presidente sobre supuestos robos y la participación de las dirigentes en las protestas constituyen señalamientos que deberán ser establecidos mediante las investigaciones correspondientes. Tanto la gobernadora como la representante negaron haber promovido movilizaciones contra la intervención y rechazaron cualquier vinculación con irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Durante el intercambio, las dos dirigentes explicaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para enfrentar los problemas del centro asistencial. Sin embargo, De la Espriella reiteró que la intervención se mantendrá y que el Gobierno ejercerá sus competencias para impedir nuevas irregularidades.

“No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, expresó el jefe de Estado, al dejar claro que la relación entre la Presidencia y las autoridades regionales no implicará tolerancia frente a posibles hechos de corrupción.

La intervención del Hospital Departamental, dispuesta inicialmente por un año, se produjo después de una inspección realizada por la Superintendencia Nacional de Salud entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Durante esa visita, los funcionarios identificaron problemas en la capacidad de atención, la disponibilidad de especialistas, el suministro de medicamentos, las condiciones de bioseguridad y la gestión financiera.

De acuerdo con los hallazgos de la entidad, de los 59 servicios habilitados en el hospital, 13 no estaban funcionando. La institución presentaba dificultades para garantizar atención en especialidades como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, mientras que un solo cirujano general debía responder simultáneamente por diferentes servicios.

La inspección también encontró pacientes que llevaban más de un año esperando procedimientos quirúrgicos y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura, circunstancias que comprometían la oportunidad de los diagnósticos y tratamientos de la población del archipiélago.

En materia financiera, la Superintendencia identificó un rezago de aproximadamente 3.605 millones de pesos en facturación, con corte a diciembre de 2025, y dificultades para establecer con precisión la situación económica del hospital debido a problemas en la confiabilidad de sus estados financieros.

Entre las situaciones documentadas también figura la adquisición de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, por la cual se había entregado un anticipo de 858 millones de pesos, equivalente al 50 % de su valor. Según los hallazgos administrativos, el equipo no había sido entregado porque la institución no realizó las adecuaciones físicas necesarias para su instalación.

La entidad designó como agente especial interventora a la médica Marjorie Englehard Archbold, quien asumirá la administración de la institución durante el periodo establecido. La medida busca corregir las deficiencias detectadas y garantizar la continuidad de los servicios para una población de más de 60.000 usuarios.

En medio de la controversia, De la Espriella anunció que su administración mantendrá el control sobre las inversiones destinadas al archipiélago y advirtió que no permitirá que los recursos nacionales terminen comprometidos en actuaciones irregulares.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente que está sumida en la pobreza, en el abandono. Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”, aseguró el presidente.

La controversia involucra a dos dirigentes con responsabilidades políticas en el departamento. Girley Ordóñez Bowie asumió la Gobernación después de ganar las elecciones atípicas de julio de 2026, en las que obtuvo cerca del 64 % de los votos. Los comicios se realizaron tras la anulación de la elección del anterior gobernador, Nicolás Gallardo, por doble militancia.

Por su parte, Elizabeth Jay-Pang Díaz representa a la comunidad raizal en la Cámara de Representantes y ejerce su tercer periodo legislativo consecutivo. La congresista, perteneciente al Partido Liberal, ocupa la curul correspondiente al periodo 2026-2030 y preside la Comisión Segunda de esa corporación.

Los cuestionamientos del mandatario también alcanzaron a Coralina, organismo ambiental regional que cumple funciones relacionadas con la protección de los ecosistemas terrestres y marinos del archipiélago, la administración ambiental y el control de actividades que puedan afectar los recursos naturales. El presidente mencionó a la entidad dentro de sus señalamientos sobre presuntos negocios e irregularidades, sin que esas declaraciones constituyan por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

La visita presidencial también incluyó anuncios de inversión en infraestructura y servicios públicos. El Gobierno presentó recursos por 27.238 millones de pesos para proyectos viales en San Andrés y Providencia, distribuidos entre 18.238 millones para pavimentación en San Andrés y 9.000 millones para intervenciones en la red vial de Providencia.

En materia hospitalaria, la administración nacional anunció el desarrollo de proyectos de infraestructura para las dos islas y medidas destinadas a mejorar la atención de pacientes que permanecen a la espera de servicios médicos.

El mandatario también impartió instrucciones para reforzar los controles marítimos y aéreos, la inteligencia, la investigación criminal, la videovigilancia y la presencia de la fuerza pública, con operaciones contra el narcotráfico, el contrabando, el microtráfico, la extorsión y los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

El enfrentamiento con las dirigentes de San Andrés se suma a los cuestionamientos públicos que De la Espriella ha formulado a otras autoridades territoriales durante sus recorridos por el país. Entre ellos figuran los dirigidos al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por asuntos relacionados con contactos con estructuras armadas, y al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por investigaciones y señalamientos sobre presuntas irregularidades. Ambos han rechazado los cuestionamientos presidenciales.

En San Andrés, el presidente reiteró que la intervención del hospital continuará y que revisará las actuaciones relacionadas con la contratación departamental. La gobernadora Ordóñez y la representante Jay-Pang mantienen su rechazo a las acusaciones, mientras el Gobierno nacional anunció que ejercerá vigilancia sobre la administración de los recursos destinados a los habitantes del archipiélago.

El jefe de Estado cerró sus advertencias con el compromiso de investigar las situaciones denunciadas y evitar que los recursos públicos destinados a salud, infraestructura y desarrollo regional sean desviados de sus objetivos.

“Voy a llegar al fondo de todo”, reiteró.

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