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Gobierno implementará cambios a la consulta previa en Colombia
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la expedición de una norma para deslindar la consulta previa del licenciamiento ambiental.
Durante la Convención Bancaria, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, presentó un paquete de medidas y reformas orientadas a modificar la gestión de la consulta previa en Colombia.
El funcionario señaló que el objetivo es recuperar el propósito de este mecanismo como una herramienta para garantizar los derechos de las comunidades y evitar que siga operando como un trámite transaccional que retrase la ejecución de obras del país.
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Uno de los principales anuncios fue la expedición de una norma para separar la consulta previa del proceso de licenciamiento ambiental. Con esta medida, ambos procedimientos podrán avanzar de manera independiente, de modo que los tiempos de uno no condicionen ni retrasen el desarrollo del otro.
El Gobierno también anunció que, en el marco de la emergencia económica y social declarada tras el terremoto, se flexibilizarán los trámites de consulta previa relacionados con proyectos destinados a la reconstrucción de infraestructura y al restablecimiento de servicios públicos en las zonas afectadas.
Lara también confirmó una reestructuración integral de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Según el funcionario, la dependencia será sometida a auditorías internas y externas y contará con nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la trazabilidad de los expedientes y optimizar los tiempos de respuesta.
De igual manera, como parte de la estrategia, la cartera asignará gerentes específicos para hacer seguimiento a proyectos de gran impacto regional. Entre los proyectos priorizados se encuentra el Canal del Dique, en Bolívar.
El ministro también envió un mensaje al sector financiero y empresarial para que continúe invirtiendo en los proyectos de infraestructura que requiere el país.
Según Lara Restrepo, el Gobierno adelanta conversaciones con gremios, liderazgos indígenas y de minorías con el propósito de construir un Gran Acuerdo Nacional que brinde certeza jurídica a la inversión y garantice los derechos de las comunidades étnicas.
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