Gobierno De La Espriella da por terminados todos los diálogos de paz heredados de Petro

El Gobierno nacional informó que, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde el pasado 7 de agosto se dio por terminada la participación del Estado en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior, al considerar que estos no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.

La medida abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, así como con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el grupo terrorista Eln, organizaciones con las que el Gobierno de Gustavo Petro había adelantado procesos de negociación durante su mandato.

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Asimismo, el Gobierno nacional dio por concluidos los espacios sociojurídicos de conversación que se mantenían con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, y con las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. A esto se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, uno de los mecanismos territoriales establecidos para facilitar los procesos de diálogo.

Según reportó el Gobierno, durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente al pago de honorarios para voceros, representantes y negociadores vinculados a estas mesas, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario público.

El Ejecutivo señaló que no mantendrá escenarios institucionales que, a su juicio, sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley. En ese sentido, precisó que quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia, mientras que quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.

Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo De La Espriella marca un giro respecto a la política de "paz total" impulsada por su antecesor, Gustavo Petro, y traslada el eje de su estrategia de seguridad hacia la ofensiva militar y judicial contra los grupos armados ilegales que operan en el país.

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