Gobierno de De la Espriella anuncia cambios en la consulta previa y las licencias ambientales

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en el mecanismo de consulta previa y en el trámite de las licencias ambientales en Colombia, con el propósito de hacer más claros y eficientes ambos procesos y evitar que la consulta previa se convierta en un obstáculo para el desarrollo de proyectos.

El anuncio fue realizado por el vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, quien explicó, a través de un video, que la consulta previa no desaparecerá, sino que será modificada.

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“No se acaba, se transforma para ser más clara, más eficiente y más garantista”, afirmó Soto.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta plantea que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental adelanta el estudio de los posibles impactos de un determinado proyecto.

La modificación busca establecer procedimientos más claros y diferenciar las competencias y los tiempos correspondientes a cada trámite, de manera que uno no tenga que esperar necesariamente la conclusión del otro para avanzar.

¿Cómo funcionaría el nuevo esquema?

Según explicó Soto, mientras la autoridad ambiental analiza los posibles impactos de una iniciativa, la entidad encargada de la consulta previa podría determinar de manera independiente si existe una afectación directa sobre una comunidad.

Esto significa que ambos procedimientos podrían desarrollarse simultáneamente, cada uno dentro de su respectivo ámbito de competencia.

“La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto”, señaló el vocero gubernamental.

En caso de que durante el proceso se determine que existe una afectación directa a una comunidad, las autoridades responsables de la consulta previa podrían iniciar y desarrollar su propio procedimiento, sin tener que esperar a que exista una conclusión por parte de la autoridad ambiental sobre el proyecto.

Uno de los principales cambios planteados por el Gobierno es que la consulta previa deje de funcionar como un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto específico.

“Al final, la consulta previa deja de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico”, puntualizó Soto.

La propuesta, según el Gobierno, busca mantener las garantías de las comunidades que puedan resultar directamente afectadas, pero al mismo tiempo evitar que los procedimientos administrativos queden paralizados por la dependencia entre ambos trámites.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo también pretende diferenciar las competencias y los tiempos de la consulta previa y de las licencias ambientales, de modo que cada proceso pueda avanzar de forma independiente y sin quedar supeditado a las decisiones o conclusiones del otro.

El anuncio abre así la discusión sobre una eventual modificación del funcionamiento de uno de los mecanismos de participación de las comunidades frente a proyectos que puedan generarles una afectación directa, al tiempo que el Gobierno busca agilizar los procesos relacionados con las licencias ambientales.

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