Universidad de Cornell suspende fiestas tras denuncia de presunta violación grupal de estudiante

La Universidad de Cornell, en Estados Unidos, suspendió este martes 13 de octubre todas las fiestas y reuniones sociales en las casas de sus fraternidades masculinas hasta el final del año académico 2026-2027, después de las denuncias de una exestudiante que asegura haber sido drogada y violada por varios integrantes de una de estas organizaciones durante una celebración realizada en octubre de 2024.

La decisión fue anunciada por el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, mediante una comunicación dirigida a la comunidad universitaria. La prohibición entró en vigor de inmediato y comprende las actividades sociales organizadas en las residencias pertenecientes al Consejo Interfraternidades, conocido por sus siglas en inglés IFC.

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La administración estableció que cualquier fraternidad que incumpla la restricción y organice una fiesta o encuentro social en sus instalaciones será objeto de una suspensión de emergencia. La medida permanecerá vigente durante el resto del periodo académico, cuya finalización está prevista para 2027.

Según explicó Kotlikoff, la suspensión permitirá desarrollar una revisión de las condiciones en las que funcionan las fraternidades y determinar si estas organizaciones pueden continuar sus actividades dentro de la universidad sin comprometer la seguridad de los estudiantes.

La determinación se produjo después de que una mujer, identificada judicialmente mediante el seudónimo Jane Doe para proteger su identidad, presentara el 14 de septiembre de 2026 una demanda civil contra siete hombres vinculados con la fraternidad Chi Phi, la propia organización estudiantil y la Universidad de Cornell.

La demandante sostiene que fue víctima de una agresión sexual grupal mientras se encontraba en una vivienda de Chi Phi, ubicada en el campus universitario de Ithaca, en el estado de Nueva York. Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2024, cuando la mujer asistió a una reunión organizada por integrantes de la fraternidad.

De acuerdo con su relato judicial, durante el encuentro fue presionada para consumir sustancias y posteriormente quedó en condiciones que, según afirma, le impedían otorgar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales.

Entre las sustancias mencionadas en la denuncia figura la ketamina, un medicamento utilizado en procedimientos médicos por sus propiedades anestésicas y que también puede consumirse de manera indebida fuera del ámbito sanitario.

La mujer afirma que varios hombres aprovecharon su estado de vulnerabilidad para someterla a actos sexuales sin su consentimiento. En la demanda identifica a siete integrantes de la fraternidad como presuntos responsables de las agresiones denunciadas.

El expediente civil también contiene señalamientos relacionados con comunicaciones intercambiadas entre miembros de Chi Phi a través de Snapchat. Según la demandante, en esos mensajes se habría difundido información de contenido sexual sobre ella, sin su conocimiento, mientras permanecía en la residencia estudiantil.

Estas afirmaciones forman parte de la demanda y no constituyen hechos judicialmente probados. Los siete hombres señalados han rechazado las acusaciones, con versiones que incluyen la existencia de consentimiento en las relaciones sexuales o la negación de haber participado en los actos denunciados.

La Universidad de Cornell inició actuaciones disciplinarias después de recibir información sobre el caso en 2024. Como resultado de ese procedimiento, cerró la sede de Chi Phi involucrada en los hechos e impuso sanciones a varios estudiantes.

Entre las decisiones adoptadas figuraron la expulsión de dos alumnos y la suspensión de otros integrantes de la organización. La fraternidad permanece excluida de las actividades reconocidas por la universidad.

Sin embargo, el procedimiento disciplinario universitario no derivó entonces en una acusación penal contra los siete hombres. La investigación inicial estuvo a cargo de la Policía de Cornell, un organismo que cuenta con facultades policiales, aunque depende administrativamente de la institución educativa.

Los investigadores remitieron sus conclusiones a la Fiscalía del condado de Tompkins, cuyo titular, Matthew Van Houten, decidió inicialmente no formular cargos penales.

La decisión de la Fiscalía y el tratamiento que recibió la denuncia comenzaron a ser objeto de nuevos cuestionamientos después de que se conociera la demanda civil presentada en septiembre de 2026.

El abogado de la demandante, Thomas Giuffra, cuestionó el desarrollo de las actuaciones iniciales y sostuvo que su representada no había recibido información completa sobre el estado de la investigación penal.

Entre los aspectos controvertidos se encuentra el contenido de un informe policial utilizado durante la evaluación del caso. La representación jurídica de la mujer sostiene que en ese documento no quedaron reflejados elementos relevantes de su declaración sobre la ausencia de consentimiento y los actos de violencia que afirma haber sufrido.

La Fiscalía local anunció posteriormente la reapertura del caso. No obstante, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dispuso que la investigación quedara bajo una autoridad diferente y designó a la fiscal general estatal, Letitia James, para asumir la función de fiscal especial.

Con esta decisión, el examen penal de las denuncias quedó separado de la Fiscalía del condado que había intervenido inicialmente.

Hasta el anuncio de las nuevas restricciones universitarias, no se habían presentado cargos penales contra los siete demandados. La investigación y el proceso civil continuaban abiertos.

La controversia también provocó manifestaciones dentro de Cornell. El 5 de octubre, miles de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria participaron en una concentración denominada “Justicia para las sobrevivientes”, realizada en Ho Plaza, uno de los espacios centrales del campus.

Dos días después, el 7 de octubre, más de un centenar de manifestantes participaron en una protesta que incluyó una permanencia de aproximadamente siete horas en el comedor Toni Morrison. Las movilizaciones estuvieron relacionadas con las denuncias de violencia sexual y con las decisiones adoptadas por la administración universitaria.

Las autoridades de Ithaca también intervinieron en la regulación de las actividades estudiantiles. El 6 de octubre, el concejo municipal aprobó una moratoria temporal sobre permisos para eventos vinculados con Cornell y sus organizaciones afiliadas, con efectos sobre las celebraciones de las fraternidades.

En paralelo, el consejo directivo de la universidad anunció una investigación independiente sobre los procedimientos institucionales para prevenir, recibir y tramitar denuncias de acoso, agresión sexual y otras conductas relacionadas.

La revisión estará encabezada por Sally Yates, exvicefiscal general de Estados Unidos, vinculada a la firma jurídica King & Spalding. Su trabajo comprenderá el examen de las actuaciones universitarias y de los mecanismos utilizados para atender este tipo de denuncias.

Cornell confirmó el 6 de octubre la contratación de Yates para dirigir la investigación independiente, que se desarrollará de manera separada de las actuaciones penales y del proceso civil.

La universidad también anunció modificaciones en sus procedimientos de atención. Entre ellas figura la incorporación de personal a su Oficina de Derechos Civiles, incluida una persona encargada de acompañar a quienes presenten denuncias de conducta sexual indebida durante los trámites institucionales.

Otra de las decisiones comunicadas por Kotlikoff consiste en facilitar la intervención de investigadores de la Policía Estatal de Nueva York en las denuncias de agresión sexual que se presenten dentro del campus.

El cambio permitirá contar con investigadores criminales externos a la estructura administrativa de Cornell. Hasta ahora, las denuncias penales ocurridas en sus instalaciones eran atendidas habitualmente por la policía universitaria, que posee facultades legales para investigar delitos.

La institución informó además que comenzará a desarrollar alternativas de actividades sociales para sus estudiantes, distintas de las fiestas tradicionalmente organizadas por las fraternidades. Para ello anunció conversaciones con representantes estudiantiles, profesores y especialistas.

Las fraternidades estadounidenses son asociaciones privadas de estudiantes, tradicionalmente identificadas mediante combinaciones de letras griegas. Muchas disponen de residencias propias y organizan actividades de integración, encuentros sociales y celebraciones durante el calendario académico.

En Cornell, más de veinte fraternidades activas pertenecen al Consejo Interfraternidades. La suspensión anunciada afecta las fiestas y actividades sociales celebradas dentro de las casas de estas organizaciones, sin constituir una prohibición general de todas las reuniones estudiantiles fuera de ellas.

El caso también se produce mientras sectores del profesorado examinan una posible votación de desconfianza contra la administración universitaria, en medio de los cuestionamientos por su respuesta a las denuncias.

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