Nuevo código penal en Afganistán legaliza violencia contra mujeres

El Gobierno talibán de Afganistán ha aprobado un nuevo y controvertido código penal que legaliza la violencia doméstica contra las mujeres bajo parámetros específicos y establece un sistema de justicia desigual basado en el estatus social del acusado. El código clasifica a la sociedad en cuatro categorías y reserva las penas más severas para las clases bajas, mientras otorga simples "advertencias" a la élite y los clérigos.

Una de las disposiciones más alarmantes del nuevo código se encuentra en el artículo 32, que permite a los esposos golpear a sus mujeres siempre que no dejen evidencia física contundente. Según esta normativa, solo si un marido golpea a su esposa con "fuerza excesiva" -definida de manera estricta como fracturas, heridas o moretones visibles- podría ser condenado a apenas 15 días de prisión, y únicamente si la mujer logra probar el abuso ante un tribunal.

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La norma resulta particularmente absurda cuando se contrasta con otras disposiciones del mismo código: el contacto físico consensuado entre adultos no emparentados puede implicar hasta un año de cárcel, una pena significativamente mayor que la establecida para la violencia doméstica comprobada. Esta situación evoca precedentes históricos como el que existía en Italia hace apenas sesenta años, cuando la legislación también permitía formas de violencia doméstica.

El artículo 34 del código impone severas restricciones a la movilidad de las mujeres casadas, estableciendo que una mujer puede ser encarcelada durante tres meses simplemente por permanecer en la casa de su familia de origen sin el permiso del marido o sin un "motivo justificado por la Sharia". La norma va más allá al establecer que si la familia de la mujer no la devuelve al hogar conyugal, sus integrantes pueden ser imputados y recibir la misma pena de tres meses de prisión.

En la práctica, esta disposición convierte a las mujeres casadas en propiedad de sus esposos, negándoles completamente el derecho a decidir dónde vivir o a buscar refugio en caso de conflictos familiares o situaciones de violencia doméstica. La norma elimina cualquier posibilidad de que las mujeres puedan escapar de matrimonios abusivos recurriendo al apoyo de sus familias de origen.

El nuevo código judicial también introduce un sistema de justicia basado en clases sociales, donde los castigos varían según el estatus del acusado. Las penas de prisión y latigazos quedan reservadas para las clases bajas, mientras que la élite gobernante y los clérigos religiosos reciben únicamente advertencias por las mismas transgresiones.

Este código penal representa un endurecimiento adicional de las ya extremadamente restrictivas políticas del régimen talibán contra los derechos de las mujeres afganas, que desde el regreso del grupo al poder en 2021 han visto erosionadas sistemáticamente sus libertades fundamentales en materia de educación, trabajo, movilidad y participación en la vida pública.

La comunidad internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los derechos humanos en Afganistán, particularmente respecto a las mujeres y niñas, aunque las sanciones y condenas no han logrado hasta ahora modificar la política del régimen talibán en esta materia.

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