José Serrano, señalado por magnicidio de Fernando Villavicencio, fue deportado de EE.UU. a Ecuador

El exministro del Interior de Ecuador José Serrano, señalado por la Fiscalía de ese país como presunto planificador del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, fue deportado desde Estados Unidos y será trasladado a territorio ecuatoriano, según informó el presidente Daniel Noboa.

El mandatario confirmó la deportación mediante una publicación en su cuenta de X, en la que anunció que el exfuncionario será recluido en el centro penitenciario El Encuentro una vez llegue a Ecuador.

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“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de (Rafael) Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, escribió Noboa junto con varias fotografías en las que Serrano aparece esposado de manos y pies mientras permanece bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés.

Serrano permanecía detenido en un centro de detención migratoria estadounidense desde agosto de 2025.

Su captura se produjo debido a que había excedido el periodo de permanencia autorizado por su visa de turismo. Posteriormente solicitó asilo en Estados Unidos, pero la justicia de ese país rechazó la petición en mayo.

Hasta el anuncio de la deportación, ni el presidente Noboa ni otras autoridades gubernamentales habían entregado información adicional sobre las condiciones en las que se produjo el traslado, el itinerario hacia Ecuador o la situación legal que enfrentará Serrano una vez se encuentre bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.

José Serrano ocupó el Ministerio del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, quien ejerció la Presidencia de Ecuador entre 2007 y 2017. El exfuncionario también se desempeñó como legislador y tuvo participación en el gobierno de Correa.

La Fiscalía ecuatoriana señala a Serrano como “presunto planificador” del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial que murió en agosto de 2023 después de recibir varios disparos cuando terminaba un acto político realizado en el norte de Quito.

Serrano ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y ha sostenido que es víctima de “persecución política”.

Tweet: https://twitter.com/DanielNoboaOk/status/2093742485486903307?s=20

El proceso relacionado con la planificación del crimen también involucra a otras seis personas, acusadas como autores y cómplices del asesinato. Se encuentra pendiente una decisión judicial sobre la convocatoria a juicio de los señalados dentro de esta investigación.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Serrano habría obtenido información privilegiada relacionada con Villavicencio durante el periodo en el que ejerció como ministro.

Esa información, según la hipótesis de las autoridades, habría sido posteriormente entregada a integrantes del grupo delictivo Los Lobos, organización señalada de ejecutar el asesinato del excandidato presidencial.

Tras conocerse la deportación, Verónica Serrano, hija del exministro, aseguró mediante una publicación en X que su padre había sido retirado del centro de detención migratoria de Estados Unidos sin que la familia o sus abogados hubieran recibido información previa sobre el procedimiento.

La hija del exfuncionario también hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que estuvieran atentos a la situación de Serrano.

“Nuestro padre es un perseguido político del gobierno de Daniel Noboa por haber denunciado los vínculos de su gobierno con el narcotráfico”, afirmó Verónica Serrano. La declaración fue realizada sin presentar pruebas que respaldaran ese señalamiento.

El proceso contra Serrano hace parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades ecuatorianas para determinar las responsabilidades relacionadas con la planificación y ejecución del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2023.

Villavicencio fue atacado a tiros cuando salía de un acto político en el norte de Quito. Por su asesinato, la justicia ecuatoriana sentenció en julio de 2024 a un hombre y una mujer considerados autores materiales del crimen. Ambos recibieron condenas cercanas a los 35 años de prisión.

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