Salvatore Mancuso rindió declaración en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez 

Salvatore Mancuso Gómez, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró ante la Fiscalía en el marco de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunto conocimiento de los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en los años de 1996 y 1997.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Mancuso, quien entonces comandaba varios bloques de las AUC en Córdoba y Bolívar, aseguró no tener información o respaldo sobre el conocimiento de Álvaro Uribe Vélez en estas masacres.

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Al ser interrogado sobre una reunión celebrada en un lugar conocido como La Marranera y en la que habría participado el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, el exjefe paramilitar respondió: “Yo nunca participé en una reunión de ese tipo”.

Además, negó haber pertenecido al Bloque Metro de las AUC, estructura señalada de cometer asesinatos selectivos contra campesinos a quienes acusaban de auxiliar a las FARC. 

Asimismo, aseguró que nunca sostuvo una comunicación telefónica con el entonces gobernador durante los hechos investigados: “Yo nunca tuve una comunicación”, afirmó Mancuso.

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Otro de los interrogantes estuvo relacionado con un supuesto apoyo logístico de funcionarios de la Gobernación de Antioquia a los paramilitares que participaron en la masacre. En particular, Mancuso negó que helicópteros de la administración departamental hubieran sido utilizados para facilitar el traslado de los integrantes de las AUC.

Durante la declaración, Mancuso también se refirió al asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1997. Según su versión, la orden de asesinarlo fue impartida directamente por Carlos Castaño Gil.

La diligencia de Mancuso se produce un día antes de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, programada para este viernes 4 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

El proceso, además, continúa atravesado por un conflicto de competencias que deberá resolver la Corte Constitucional, encargada de determinar si la investigación debe permanecer en manos de la Fiscalía o corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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