¿Qué es la Cicig donde trabajó Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez con orden de captura?

La reciente orden de captura emitida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala en contra de Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exministro de Defensa de Colombia, así como contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general, ha generado repercusiones regionales y reabierto la discusión sobre el legado de dicho organismo internacional.

Las autoridades guatemaltecas los señalan por su presunta participación en irregularidades vinculadas al caso Odebrecht.

Le puede interesar (Órdenes de Captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en Guatemala por el Caso Odebrecht)

La FECI les imputa delitos como obstrucción de justicia, abuso de autoridad, asociación ilícita y tráfico de influencias, relacionados con los términos de un acuerdo de colaboración con representantes de la constructora brasileña cuando ambos fungían como altos funcionarios de la CICIG.

Esta comisión operó entre 2007 y 2019 con el respaldo de Naciones Unidas y tuvo como uno de sus mandatos precisamente el acompañamiento en investigaciones de alto impacto contra redes de corrupción incrustadas en el aparato estatal.

¿Qué fue la CICIG?

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue un mecanismo independiente de carácter internacional, establecido mediante un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas.

Su creación obedeció a la petición formal del Estado guatemalteco, que en 2006 solicitó apoyo internacional para enfrentar estructuras criminales que operaban con protección dentro del Estado, muchas de ellas con nexos con cuerpos de seguridad clandestinos.

El origen de esta petición se remonta al gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008), quien, tras el fracaso de una iniciativa previa denominada CICIACS, impulsó el nuevo acuerdo que daría lugar a la CICIG.

El instrumento legal que formalizó su existencia fue el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad, firmado el 12 de diciembre de 2006 y ratificado por el Congreso guatemalteco mediante el Decreto 35-2007.

Mandato y atribuciones

La CICIG fue concebida con el objetivo de investigar  estructuras criminales clandestinas dentro del Estado. Apoyar al Ministerio Público en la judicialización de los casos investigados.

Además proponer reformas legales para fortalecer el sistema de justicia guatemalteco y actuar  como querellante adhesivo en los procesos penales iniciados a partir de sus investigaciones.

A diferencia de otros organismos internacionales, la CICIG no solo tenía un rol consultivo o de observación, sino que participaba directamente en los procesos penales, de la mano del Ministerio Público guatemalteco.

Liderazgo y etapas

Durante sus 12 años de operación, la CICIG fue dirigida por tres comisionados:

Carlos Castresana (España): entre 2007 y 2010. Renunció al denunciar presiones políticas y amenazas a su integridad.
Francisco Dall’Anese (Costa Rica): entre 2010 y 2013, dio continuidad a los procesos abiertos e impulsó nuevas investigaciones.

Iván Velásquez Gómez (Colombia): entre 2013 y 2019. Bajo su mandato se logró el mayor alcance político y judicial de la CICIG, con procesos penales contra expresidentes, empresarios y legisladores.

Durante ese periodo, Luz Adriana Camargo se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la CICIG, liderando la estructuración de casos judiciales en coordinación con la Fiscalía guatemalteca.

Resultados y casos emblemáticos

Según el informe final de la comisión, presentado en agosto de 2019, durante su existencia la CICIG:

Desarticuló más de 120 estructuras criminales. Participó en más de 70 procesos judiciales de alto impacto.

Contribuyó al procesamiento de más de 1.540 personas, entre ellos expresidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, magistrados, empresarios y militares.

Impulsó reformas clave, como la Ley contra el Crimen Organizado y la modernización del funcionamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Entre los casos de mayor repercusión se encuentra “La Línea”, una red de corrupción aduanera que implicó directamente al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

También participó en la investigación de los sobornos de Odebrecht, y en procesos sobre financiamiento electoral ilícito.

Controversia, cierre y consecuencias

Aunque recibió reconocimiento internacional por su independencia y capacidad investigativa, la CICIG fue objeto de creciente presión política interna. En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales —también investigado por financiamiento electoral irregular— decidió no renovar el mandato de la comisión y ordenó la salida de Velásquez del país. En 2019, la CICIG cesó operaciones de manera definitiva.

Desde entonces, sectores críticos han impulsado acciones judiciales contra varios exfuncionarios guatemaltecos que colaboraron con la CICIG, así como contra exintegrantes internacionales del organismo.

Las recientes órdenes de captura contra Velásquez y Camargo son consideradas por organismos internacionales como parte de un esfuerzo por revertir los avances obtenidos en la lucha contra la impunidad.

Otras noticias