Procuraduría inspecciona la ANT por posibles irregularidades en contrato de $29.000 millones

La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección disciplinaria en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como parte de una indagación previa por presuntas irregularidades en un contrato de cerca de 29.000 millones de pesos suscrito con la empresa Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S. A. S.

Según el órgano de control, el contrato tenía como objeto la organización de eventos durante 2024 y 2025, y fue firmado en diciembre de 2024 con vigencia hasta junio de 2025. La revisión, efectuada el 7 de octubre por la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, incluyó la verificación de documentos de planeación, suscripción y ejecución contractual.

El procedimiento busca establecer si la contratación cumplió con los principios de transparencia, economía y responsabilidad exigidos por la ley, o si hubo irregularidades que den lugar a sanciones disciplinarias. Entre los aspectos revisados están los expedientes técnicos, comprobantes de pago, actas de planeación e informes de supervisión.

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La indagación surgió tras denuncias públicas que cuestionaron la magnitud del contrato y la modalidad de contratación directa utilizada, pese al alto monto involucrado. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia fue una de las voces más críticas, al señalar que “los recursos destinados a los más humildes para acceder a la tierra terminaron en contratos exuberantes para eventos”.

De acuerdo con versiones preliminares, el 100 % del valor del contrato habría sido entregado como anticipo antes de la ejecución total del objeto contractual, situación que generó especial atención de la Procuraduría. Además, se investiga la utilización de una fiducia para administrar los recursos, mecanismo que —según las denuncias— habría permitido una ejecución sin suficientes controles.

Fuentes del organismo de control informaron que también se analiza si el contrato fue objeto de adiciones o modificaciones que incrementaran su valor inicial o ampliaran sus compromisos. Las actuaciones hacen parte del plan de control preventivo y disciplinario que la Procuraduría adelanta sobre distintas entidades estatales, en medio de cuestionamientos por el aumento de los contratos por prestación de servicios en la ANT, que se habrían incrementado hasta en un 400 % durante el último año.

Por ahora, el proceso no implica sanciones, pero permitirá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal y, eventualmente, imponer medidas disciplinarias a los responsables.

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