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Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en contrato de la Unidad para las Víctimas
El Ministerio Público investiga posibles fallas en el manejo de personal y decisiones contractuales en un convenio con una empresa de externalización de procesos.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por presuntas irregularidades en la contratación pública derivadas de un contrato suscrito con una empresa especializada en externalizar procesos de negocio.
Según la información conocida, en el desarrollo de este bilateral se estarían presentando hechos presuntamente irregulares relacionados con el manejo de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales.
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La queja recibida en 2025 menciona, entre otras situaciones, la presunta adopción de decisiones administrativas y contractuales de extrema gravedad, como la “sustitución de más del 80% del personal operativo y jurídico, sin evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito documentados”.
Asimismo, se advierte sobre supuestas desmejoras deliberadas en las condiciones salariales en el marco del contrato en cuestión.
Ante estos hechos, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública ordenó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el bilateral, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de indagación.
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