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Polémico fiscal Daniel Hernández a responder ante Corte Suprema de Justicia

Sala Especial de Instrucción lo citó a declarar por sus actuaciones en el caso Odebrecht.

Daniel Hernández
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 04/07/2023 - 14:26 Créditos: Foto: Fiscalía General de la Nación

El próximo 7 de septiembre, el fiscal Daniel Hernández enfrentará a la justicia. La Sala Especial de Instrucción lo ha convocado para responder a graves acusaciones de omisión en sus deberes oficiales y amenazas a testigos en el caso Odebrecht.

El escrito de acusación contra Hernández ha encontrado su hogar en la Corte Suprema de Justicia, indicando un camino por recorrer lleno de tensiones legales. Los delitos bajo análisis incluyen prevaricato por omisión y amenaza a testigos, con referencias específicas al controvertido caso Odebrecht.

Según la documentación presentada, Hernández, en su papel de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá en junio de 2022, habría lanzado amenazas veladas a Otto Bula, un testigo clave en este enredado proceso.

La acusación sugiere un escenario en que varias personas habrían denunciado que Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban tendiendo puentes con la justicia colombiana y el FBI, sin pruebas. Esta serie de eventos derivaron en un ambiente de temor y aprensión en el testigo Bula, según lo expresado en su testimonio a la Fiscalía.

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Además, el informe de acusación detalla que Hernández habría dejado de lado su deber de dar curso a las órdenes de captura que surgieron de su propio despacho. 

En lugar de activar los procedimientos necesarios para el registro en los sistemas de información de estas órdenes de captura, el informe alega que Hernández optó por la inacción.

Las órdenes en cuestión se habrían emitido contra Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideaki Sendal. No obstante, las órdenes quedaron en el limbo, sin ejecución alguna. 

Tal omisión se interpretó como un facilitador para que estos individuos evadieran la acción de la justicia colombiana, favoreciendo indirectamente a funcionarios públicos que podrían verse perjudicados por los testimonios de los acusados en el caso Odebrecht.

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