Ordenan a Petro ofrecer disculpas públicas por afirmaciones sobre asesinato de Gloria Lara

El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente por sus declaraciones en las que afirmó que un familiar de Gloria Lara de Echeverri habría estado involucrado en su secuestro y asesinato, ocurridos en 1982. La afirmación fue hecha durante un discurso en junio de 2024 en Suecia, y provocó la reacción inmediata de la familia de la exfuncionaria.

La decisión del alto tribunal se produjo tras una acción de tutela presentada por Gloria Lucía y Luz María Echeverri Lara, hijas de la víctima, quienes consideraron que las palabras del mandatario vulneraron su derecho a la honra y al buen nombre. El fallo, emitido el 14 de junio, le da cinco días al presidente para ofrecer disculpas públicas.

La retractación deberá permanecer por al menos tres meses en los canales oficiales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el consulado colombiano en Estocolmo y las cuentas oficiales en redes sociales, incluida la personal del mandatario en X (@petrogustavo).

Durante su intervención en la Universidad Sueca de Defensa, Petro dijo: “Una señora llamada Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar”, lo que, según el fallo, constituye una imputación sin respaldo probatorio.

Aunque el mandatario utilizó expresiones condicionales como “al parecer”, el Consejo de Estado concluyó que estas no fueron suficientes para justificar la afirmación, especialmente tratándose de un jefe de Estado, y que no se cumplió el estándar mínimo de veracidad exigible en el ejercicio de la libertad de expresión presidencial.

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La sentencia fue firmada por la presidenta del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya, y el magistrado ponente, Luis Alberto Álvarez Parra. También se ratificó que las demandantes no podían reclamar en nombre del resto de la familia, pero sí en defensa de sus propios derechos.

Gloria Lara de Echeverri fue secuestrada el 2 de junio de 1982 y su cuerpo apareció cinco meses después con un disparo en la cabeza. Fue directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y lideraba procesos de restitución de tierras a comunidades indígenas.

En años recientes, el caso ha sido retomado por el gobierno de Petro como símbolo de impunidad. En 2023, el Estado colombiano firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en mayo de 2024 realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional.

A pesar de este gesto, las declaraciones del presidente en Suecia generaron rechazo por parte de la familia de Lara, que ahora recibe respaldo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo para restituir su buen nombre.

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