Los principales cuestionamientos del ‘Libro de la Verdad’ sobre el gobierno Petro

El denominado ‘Libro de la Verdad’, elaborado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como resultado de su proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

El documento reúne denuncias y cuestionamientos sobre la gestión del anterior Gobierno en diferentes sectores, señalando que incurrió en nueve 'pecados': destrucción del rigor técnico, colapso de la capacidad tecnológica, opacidad y distorsión de la información pública, parálisis operativa, captura contractual y concentración del poder operativo, expansión del riesgo litigioso, pérdida de control territorial frente a economías criminales, fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica y capacidad fiscal restringida.

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El Tiempo conoció el documento completo, cuyos alcances serán investigados por los entes de control y la justicia ordinaria. 

Estos son los principales puntos expuestos por cada sector:

1. Salud: cuestionamientos al sistema y a los recursos destinados

La ministra de Salud, Ana María Vesga, cuestiona la situación de las EPS intervenidas. Según el documento, tres de cada ocho colombianos afiliados al sistema permanecen en EPS bajo intervención y, después de varios años, no se habrían evidenciado mejoras estructurales en la estabilidad financiera y operativa de esas entidades ni en la prestación del servicio.

El informe cita cifras de la Superintendencia según las cuales, entre 2022 y lo corrido de 2026, se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos relacionados con EPS intervenidas. De ese total, 645.794 estarían relacionadas con medicamentos no entregados, de acuerdo con el documento.

Otro de los puntos cuestionados es el aumento de las deudas del sistema. Según el balance, estas pasaron de $15,24 billones en diciembre de 2022 a $40,20 billones en junio de 2026, un incremento del 164%.

El Gobierno también cuestiona la destinación de recursos para infraestructura hospitalaria y Equipos Básicos en Salud. Afirma que "mientras el sistema se desfinanciaba, el Ministerio, desde el último trimestre de 2022 hasta junio de 2026, asignó recursos por $16,1 billones, de los cuales giró $10 billones para la financiación de Equipos Básicos en Salud, infraestructura hospitalaria, entre los conceptos más importantes de las transferencias realizadas".

De esa suma billonaria, solo se ha legalizado el 28,3%, según los datos del Ministerio y la Superintendencia.

El documento señala además que, en diciembre de 2025, se asignaron más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria “sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra" y que, a junio de 2026, únicamente 28 contaban con la documentación completa, según la información citada en el balance.

"Más de $1,3 billones quedaron comprometidos sin garantía de que las obras puedan ejecutarse, operarse y sostenerse", señala.

Otra situación similar ocurrió con los Equipos Básicos en Salud: entre el último trimestre de 2022 a junio de 2026 se asignaron más de $6,8 billones para financiarlos en todo el país, cuya ejecución a junio es apenas del 29%, sin que a la fecha la Superintendencia Nacional de Salud se haya pronunciado sobre la ejecución y el uso de estos, y en igual sentido no existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención".

2. Defensa: deterioro de la capacidad operacional

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, señala un deterioro de la capacidad operacional de las Fuerzas Militares y la Policía.

Según el informe, el Ejército enfrenta un déficit presupuestal de $14 billones para 2026. También señala que de los 19 helicópteros MI-17 disponibles, solo ocho estarían operativos, mientras que 18 de los 49 helicópteros UH-60 no estarían disponibles por mantenimiento o falta de recursos.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el documento reporta que 131 de 386 aeronaves no están operacionales y apenas el 52% está disponible para volar.

La Policía, por su parte, tendría un déficit de $1,7 billones en gastos de personal para 2026, según el balance.

Atribuye este faltante a "la actualización de factores poblacionales y prestacionales y el incremento de personal no uniformado que se realizó sin considerar las implicaciones para esta institución".

El informe también cuestiona el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, cuyo valor supera los $6,3 billones. Allí se mencionan observaciones de la Contraloría sobre el alcance de algunos sistemas adquiridos y sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.

Otro de los principales cuestionamientos se refiere al crecimiento de los grupos armados ilegales entre 2022 y 2026. Según el ministro de Defensa, "en el periodo 2022 – 2026 los grupos armados ilegales crecieron sin freno, aumentando en número de hombres en armas y presencia en municipios, elevando su posibilidad de ejercer violencia en distintos territorios de nuestro país". 

3. Sistema penitenciario: hacinamiento y problemas de contratación

El balance dedica otro de sus capítulos al sistema penitenciario. Según el documento, el hacinamiento alcanza el 28,01% en establecimientos de reclusión y el 95,5% en centros transitorios, cifras que, según el documento, muestran las dificultades para garantizar condiciones adecuadas y avanzar en los procesos de resocialización.

El informe también señala que 41,4% de las personas privadas de la libertad duerme en el piso por falta de camastros, mientras que solo 25,4% estudia.

A esto se suman 119 hallazgos relacionados con contratación en la USPEC y el INPEC, en las que, además, interventores habrían autorizado desembolsos relacionados con obras que, de acuerdo con la revisión, no existían físicamente, mientras varios proyectos de ampliación de cupos aparecen entre los asuntos señalados por el nuevo Gobierno.

Entre los proyectos señalados aparecen los de Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga.

Según el informe, más del 90% de la meta de 7.227 nuevos cupos penitenciarios prevista para el cuatrienio no habría sido entregada y que existe un detrimento superior a $82.700 millones relacionado con obras suspendidas.

4. Cancillería: expansión de la red diplomática y déficit financiero

El canciller Ómar Bula cuestiona el crecimiento de la red diplomática durante el gobierno anterior y el costo de mantener las nuevas sedes.

Según el documento, durante el último cuatrienio se abrieron 11 embajadas y 10 consulados, llevando la red a 79 embajadas y 126 consulados y secciones consulares.

"El Fondo Rotatorio del Ministerio reporta un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, tras un traslado interno de $45.034 millones sobre un déficit inicial de $213.460 millones. Sin la adición de $56.164 millones solicitada a Hacienda, la entidad no tendría capacidad financiera desde agosto de 2026 para pagar arrendamientos y sostener la operación de embajadas y consulados. Es decir: se abrieron sedes sin asegurar con qué mantenerlas", dice el documento. 

Otro de los cuestionamientos se relaciona con las denominadas ‘Casas Colombia’, espacios temporales que, de acuerdo con el informe, recibieron más de $8.500 millones para operaciones de entre 90 y 120 días.

"Las llamadas Casas Colombia (sedes temporales, eventos y operaciones de apenas 90 a 120 días) habrían recibido más de $8.500 millones, girados directamente a cuentas consulares bajo la figura de proyectos de inversión social, lo que permitió contratar operadores, personal temporal, arrendamientos, logística y catering sin los procesos competitivos ordinarios". Eso pasó en Santiago de Chile, Nueva York, Aruba, Montreal, Miami, Toronto y Berlín. 

El documento también pone bajo revisión los contratos relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes y cédulas de extranjería, cuyo valor supera $1,3 billones.

"En los trámites esenciales el riesgo es mayor. Los convenios del nuevo modelo de expedición de pasaportes y cédulas de extranjería superan $1,3 billones, están vigentes hasta 2036 y enfrentan tres procesos judiciales: dos demandas de nulidad por controversias contractuales y una acción popular, una de ellas pendiente de decisión sobre medida cautelar de suspensión". 

5. Tierras: cuestionamientos a la entrega de tierras

En el sector de Agricultura, el Gobierno cuestiona la diferencia entre las hectáreas anunciadas como entregadas y aquellas que cuentan con formalización jurídica.

Según el informe, de 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, únicamente 98.148 tendrían registro pleno ante las oficinas de instrumentos públicos, mientras más de 206.000 permanecerían en condición provisional.

El documento también señala que la Agencia Nacional de Tierras destinó $979.003 millones para adquirir 537 predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales y que, al cierre del periodo revisado, solo tres contaban con escritura registrada a favor de la Nación.

Al mismo tiempo, se documenta la debilidad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad clave del sector que "enfrenta dificultades presupuestales, caída de la inversión, acumulación de trámites represados y una alta dependencia de personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios".

6. Hacienda: la deuda en máximos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señala que el Gobierno recibió una situación fiscal restrictiva.

“La caja en pesos del Ministerio se reportó en 16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a un rango histórico de entre 30 y 40 billones, con una proyección de 7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025 y hubo que activar la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025-2027. No es un punto de partida cómodo: es una restricción que condiciona cada decisión de los próximos meses. La deuda explica buena parte del problema”, explica el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la emisión de TES. El documento cita una auditoría de la Contraloría que habría advertido sobre cambios en los límites de adjudicación, los cuales, se elevaron del 50 % al 100 % y tasas de colocación de entre 13% y 15%.

“Y que los vencimientos de esa deuda cara quedaron concentrados en 2026, 2029 y 2030, es decir, en los años de este Gobierno”, señaló.

En la Dian, el balance cuestiona además dos contratos tecnológicos por alrededor de $310.000 millones. Según la revisión, el gobierno esos contratos tecnológicos no funcionan y dejaron encadenado al país hasta 2028.

"El sistema de gestión aduanera (USD 29 millones) y el software de gestión tributaria (USD 45 millones) fueron contratados con graves falencias desde su origen -ambos con debilidades en la definición de requerimientos- y hoy tienen una entrega proyectada hasta 2028, es decir, el Gobierno saliente comprometió a la Administración entrante con contratos defectuosos. Lo más grave es que esto no fue un hecho aislado: es la confirmación de un patrón. El Plan de Modernización Tecnológica, con $333.853 millones ejecutados entre 2019-2024 y un avance declarado del 95%, tampoco logró modernizar los sistemas misionales de la entidad. Es decir, el gobierno saliente reportó un éxito del 95% en papel mientras dejaba una Dian tecnológicamente paralizada en la realidad", dice el libro, en el que se enfatiza que la Contraloría y la Procuraduría calificaron estos hechos como deficientes.

7. Minas y energía: alertas por generación, gas y proyectos retrasados

En el sector energético, el informe señala que Colombia pasó de un superávit de energía firme cercano al 2% en 2022 a un déficit de 4,4% en 2026.

De los 4.475 megavatios de nueva generación previstos para este año, solo habría entrado en operación el 15,5%, mientras cerca del 60% de los proyectos de transmisión presentaría retrasos.

A esto se sumaron 216 desconexiones por sobrecarga entre abril y julio de 2026 y cerca de 8.000 megavatios con puntos de conexión asignados que todavía no se habían materializado, de acuerdo con las cifras recogidas durante el empalme.

El abastecimiento de gas también aparece entre las principales preocupaciones. Según el documento, Colombia importó 23% de su demanda durante el primer trimestre de 2026 y esa proporción llegó al 30 por ciento en lo corrido del segundo semestre, mientras las reservas probadas equivalen a unos 5,9 años de autonomía.

El informe calcula un posible déficit nacional de alrededor de 19 GBTUD desde febrero de 2027 y advierte que un fenómeno fuerte de El Niño podría elevarlo significativamente.

La situación financiera del sector es otro de los puntos señalados, especialmente en la Costa Caribe, donde Air-e pasó de un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo y registró una pérdida neta de 1,15 billones en 2025, según el informe.

En minería, el Gobierno cuestiona las 333 normas expedidas entre 2022 y 2026 con las que, según el documento, se buscó restringir la actividad, además de figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, los Territorios Campesinos Agroalimentarios y las reservas temporales, que habrían generado incertidumbre para algunos proyectos.

Además, advierte sobre el impacto de la extracción ilícita de oro. Según las cifras citadas en el documento, esta actividad mueve más de US$3.000 millones al año y ha degradado más de 80.000 hectáreas.

Finalmente, la contratación del Ministerio quedó bajo revisión, pues pasó de 551 contratos de prestación de servicios con personas naturales en 2022 a 1.860 en 2026, un aumento del 237,6%.

8. Interior: preocupación por la financiación de la UNP

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, advierte sobre la situación financiera de la Unidad Nacional de Protección.

Según el informe, los recursos destinados a escoltas, vehículos, dotación y viáticos, que representan cerca del 80% del presupuesto de la entidad, se agotan el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 2026.

“Es decir, el esquema que hoy protege a cientos de líderes sociales, exfuncionarios y personas amenazadas en Colombia puede quedarse sin los recursos que lo sostienen en cuestión de semanas”, dijo Lara.

Otro de los puntos mencionados es el convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes, por 255 millones de euros y una duración de diez años.

“El decreto 1099 que ayuda a justificar la contratación directa por obligatoriedad de comprar los pasaportes a la imprenta nacional, está demandado ante el Consejo de Estado, y la Procuraduría investiga el presunto ingreso de libretas de origen distinto al pactado. Si el convenio se declara nulo o se ordena la suspensión del modelo, quedamos sin un plan de transición, el país queda sin producción de pasaportes y millones de colombianos podrían enfrentar demoras o suspensión en la expedición de estos documentos esenciales para su identidad y su movilidad”, explicó

9. Transporte: baja ejecución y obras pendientes

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuestiona el nivel de ejecución de la inversión durante el gobierno anterior.

Según el informe, la ejecución medida por obligaciones pasó de 76,5% en 2023 a 37,3% en 2025. Ese último año, de los $12,13 billones apropiados para inversión, se habrían ejecutado solo cerca de $4,52 billones.

El documento también señala que el programa Caminos Comunitarios para la Paz alcanzó 4.087 de los 33.102 kilómetros establecidos como meta.

Otro de los puntos destacados es el aumento de controversias contractuales ante tribunales arbitrales de la Agencia Nacional de Infraestructura. Según el balance, los procesos pasaron de 17 en 2022, con pretensiones cercanas a $9 billones, a 48, con reclamaciones del orden de $20 billones en 2026.

¿Qué sigue para las denuncias?

El denominado ‘Libro de la Verdad’ contiene el balance elaborado por el actual Gobierno a partir de la información recopilada durante el proceso de empalme. Sus señalamientos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entidades que deberán actuar dentro de sus competencias.

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