La JEP ejecutó el 99,3% de su presupuesto en 2025

Durante 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ejecutó el 99,3% de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento, el desarrollo de los procesos judiciales y la garantía de los derechos de las víctimas, consolidándose como la entidad del sistema de justicia con mayor nivel de ejecución presupuestal en ese año.

De acuerdo con el Portal de Transparencia Económica del ministerio de Hacienda, el Sistema Integral para la Paz —del que hace parte la JEP— ocupó el primer lugar en ejecución presupuestal entre los 32 sectores que conforman el Presupuesto General de la Nación.

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En cuanto a obligaciones, que corresponden a pagos realizados por bienes o entregables recibidos a satisfacción por las entidades públicas, la JEP registró una ejecución del 88,2%. Este resultado estuvo impactado por la incorporación de $30.130 millones adicionales al presupuesto de la Jurisdicción el 30 de diciembre de 2025.

La ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 permitió garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales. En ese periodo, la JEP aseguró la representación judicial de 6.555 víctimas, acreditó a 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos, y llevó a cabo 99 jornadas de acreditación.

Asimismo, la Jurisdicción desarrolló más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de comparecientes. En cumplimiento de su mandato de búsqueda, verdad y participación de las víctimas, adelantó además 44 exhumaciones, 147 entregas dignas y 363 actividades de participación ciudadana.

Estos recursos también posibilitaron decisiones judiciales de fondo. En 2025, la JEP profirió dos sentencias restaurativas condenatorias: una contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestro y otra contra 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe.

Adicionalmente, las actuaciones adelantadas durante el último año derivaron en la condena de un compareciente de la fuerza pública que no aceptó responsabilidad en un juicio adversarial y fue hallado culpable, así como en avances en la definición de la situación jurídica de quienes no fueron considerados máximos responsables.

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