La historia de los nueve militares y sus millonarios desvíos de dinero

La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales, suboficiales y un uniformado en retiro, por su presunta participación en el desvío de más de $100 millones de recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de soldados adscritos a un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander.

Los procesados son los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.

Según la investigación de la Fiscalía, las presuntas irregularidades se habrían presentado entre abril y octubre de 2024, periodo durante el cual los nueve señalados habrían utilizado las funciones que desempeñaban dentro de la unidad militar para apropiarse de parte de los recursos asignados al suministro de raciones alimentarias para los soldados.

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Las evidencias recopiladas durante la investigación indican que los involucrados presuntamente modificaron documentos y suscribieron planillas en las que quedaron registrados suministros de alimentos que no corresponderían con las necesidades y condiciones operacionales de la unidad militar.

En esos documentos se habría certificado la entrega de víveres secos para seis pelotones. Sin embargo, las cantidades consignadas en las planillas no coincidirían con los requerimientos reales de alimentación de los uniformados que integraban esas unidades.

La Fiscalía también estableció que algunos de los registros incluían alimentos supuestamente entregados a escuadras que no se encontraban agregadas operacionalmente al batallón.

Esta circunstancia forma parte de los elementos recopilados para determinar cómo se habría producido la apropiación de los recursos públicos.

La investigación identificó, además, registros de raciones asignadas a militares que para las fechas relacionadas en las planillas se encontraban en novedades administrativas y, por esa razón, no requerían el suministro reportado en los documentos.

Otras raciones habrían sido contabilizadas a nombre de uniformados que estaban fuera del batallón debido a que adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica, Cesar. Pese a esa situación, los alimentos destinados supuestamente a estos militares aparecieron relacionados en los registros examinados por los investigadores.

A partir de estos elementos, la Fiscalía sostiene que los documentos y planillas habrían sido utilizados para respaldar entregas de alimentos que no correspondían con el número de soldados que efectivamente debían recibir las raciones.

El proceso permitió establecer un presunto desvío superior a $100 millones provenientes de recursos públicos asignados específicamente para cubrir la alimentación de las tropas del batallón localizado en Ocaña.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander presentó ante un juez a los nueve militares y les imputó, de acuerdo con el grado de posible participación de cada uno, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Ninguno de los nueve procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las diligencias judiciales.
Las capturas fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, mediante procedimientos realizados de manera simultánea o coordinada en diferentes zonas del país.

Los uniformados fueron ubicados y detenidos en Bogotá; Cúcuta, Norte de Santander; San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, Santander; Fusagasugá y Nilo, Cundinamarca; Puerto Boyacá, Boyacá; Caucasia, Antioquia, y Túquerres, Nariño.

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