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Judicializan a patrullero en Ipiales por abandonar su puesto y tener relaciones sexuales con una detenida
El uniformado enfrenta proceso penal.
Un patrullero de la Policía Nacional fue judicializado por la Justicia Penal Militar tras ser señalado de abandonar su puesto de servicio para sostener un encuentro íntimo con una mujer privada de la libertad en una estación de Policía del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño.
Los hechos ocurrieron al interior de una sala de detención preventiva donde el uniformado tenía asignadas funciones de custodia y vigilancia.
De acuerdo con los reportes, el patrullero se retiró de su lugar de trabajo sin autorización de sus superiores y se dirigió a un baño de la instalación, donde permaneció junto a la detenida.
La mujer involucrada había sido capturada el 11 de octubre de 2024 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se encontraba bajo custodia policial al momento de los hechos.
Una patrullera detectó una novedad en el servicio y alertó a un superior. Posteriormente, el oficial acudió al lugar para verificar lo ocurrido y encontró al uniformado en compañía de la detenida.
En el procedimiento, la mujer manifestó que el encuentro se habría dado de manera voluntaria. Sin embargo, esa versión no impidió que las autoridades iniciaran el proceso judicial contra el patrullero por el presunto abandono de sus funciones.
El uniformado fue dejado a disposición de la Justicia Penal Militar desde el pasado 10 de abril, instancia competente para investigar conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con fuentes judiciales, el retiro del puesto de vigilancia en una instalación donde permanecen personas privadas de la libertad representa un riesgo significativo para la seguridad institucional.
Entre las posibles consecuencias se contemplan fugas, alteraciones del orden interno o incluso ataques contra la infraestructura policial.
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El caso ha sido considerado relevante por tratarse de una conducta que compromete directamente la responsabilidad funcional del uniformado, quien tenía a su cargo la custodia de personas detenidas.
En Colombia, el abandono del servicio por parte de integrantes de la Fuerza Pública está tipificado como delito en el Código Penal Militar. La legislación establece que estas conductas, cuando se producen en relación con el servicio, son investigadas por tribunales militares.
La normativa vigente contempla penas que pueden incluir prisión, además de sanciones disciplinarias como la destitución o el retiro de la institución. En particular, el abandono de funciones sin autorización puede acarrear penas de entre uno y tres años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso
El Ministerio de Justicia ha señalado que este tipo de conductas constituye un delito que debe ser investigado y sancionado dentro del sistema penal militar, dada la afectación directa al cumplimiento de las funciones asignadas a los uniformados.
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