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Judicializan al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por irregularidades en una obra
El consorcio interventor habría recibido más de $1.000 millones cuando la construcción registraba un avance inferior al 6%.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Ibagué (Tolima) Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por las presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.
También fueron procesados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
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El contrato, que superó en valor los $2.997 millones y fijó un plazo de ocho meses, tenía como objeto realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción de un puente elevado y sus interconexiones.
De acuerdo con la investigación, el comité evaluador jurídico del que hacían parte Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
Asimismo, se conoció que los pagos al consorcio interventor debían efectuarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato de obra. Sin embargo, las labores de policía judicial evidenciaron que se le reconocieron al interventor desembolsos superiores a los $1.000 millones cuando el avance de la construcción era inferior al 6%.
Hurtado Barrera, en su condición de alcalde, presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. Por su parte, Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron efectuar pagos contrarios a lo pactado.
Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio, al parecer, promovió cobros que no correspondían a las condiciones del contrato ni al desarrollo de la obra.
De otra parte, Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez presuntamente supervisaron, tramitaron o avalaron los desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
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