JEP ordena medidas sobre Batallón Charry Solano por caso Palacio de Justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares de carácter restaurativo por un año sobre las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, antiguo Batallón Charry Solano, con el objetivo de proteger este recinto y garantizar los derechos a la verdad y la memoria histórica de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La decisión, adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad mediante el Auto SAR AI-029 de 2026, responde a una solicitud ciudadana que busca transformar estos espacios en escenarios públicos de pedagogía democrática. El tribunal determinó que existen elementos que vinculan al Batallón Charry Solano con los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.

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Helena Urán Bidegain, solicitante de la medida, explicó que la decisión no tiene fines de prospección sino de memoria. La politóloga aseguró que esta unidad militar hace parte de los lugares donde se registraron “escenarios de horror, torturas y graves violaciones a los derechos humanos”.

El expediente del tribunal recoge testimonios que señalan que la instalación funcionó como un centro de detención transitoria, donde presuntos integrantes de organizaciones de izquierda habrían sido sometidos a torturas. Además, las investigaciones indican que el lugar sirvió para realizar interrogatorios y coordinar operaciones ilegales bajo esquemas de encubrimiento.

Urán Bidegain enfatizó que resignificar estos espacios es un deber del Estado, con el fin de educar a la sociedad sobre los abusos de poder y evitar su repetición. En ese sentido, propuso que las Fuerzas Militares cedan áreas de estos terrenos —financiados con recursos públicos— para su uso ciudadano como espacios de memoria.

La solicitante también subrayó que la construcción de estos lugares debe estar en manos de expertos en memorialización, y no recaer directamente en las víctimas, cuyo papel principal es aportar sus testimonios.

La providencia judicial ordena abrir un proceso de concertación para definir la ruta restaurativa, en el que participarán la solicitante, familiares de víctimas, los ministerios de Defensa y Educación, la Procuraduría General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Asimismo, la JEP instruyó a su Unidad de Investigación y Acusación para ubicar a sobrevivientes documentados en el expediente, como Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci y Guillermo Antonio Marín Martínez, con el fin de consultar su interés en participar en la consolidación de estas medidas.

Finalmente, la vocera de la Fundación Carlos Urán aclaró que su iniciativa no se limita a este caso. Desde 2023 ha presentado solicitudes para memorializar otros lugares como las caballerizas del Cantón Norte, la Casa del Florero y el Cementerio Sur, al considerar que la memoria es un mecanismo fundamental para poner límites a los abusos de autoridad.

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