Gobernador de Antioquia demandará resolución que suspendió 23 capturas de cabecillas en Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que interpondrá una acción judicial ante el Consejo de Estado con el propósito de controvertir la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación mediante la cual se suspendieron órdenes de captura contra 23 integrantes de estructuras criminales con presencia en Medellín y su área de influencia.

De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario departamental, la demanda será radicada el lunes siguiente al anuncio e incluirá la solicitud de medidas cautelares de carácter urgente.

El objetivo de esta petición es que se suspendan de manera inmediata los efectos del acto administrativo emitido por la Fiscalía, encabezada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.

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Según lo expuesto por Rendón, la resolución objeto de controversia se adoptó a partir de una solicitud del Gobierno nacional y produjo la suspensión de órdenes de captura vigentes contra personas vinculadas a organizaciones delictivas.

El gobernador sostuvo que dicha decisión permitió la circulación de estos individuos en Medellín, el Valle de Aburrá, Rionegro y Bogotá.

En su declaración pública, el mandatario indicó que espera que el Consejo de Estado decrete las medidas cautelares para que se restablezca la vigencia de las órdenes de captura.

Señaló que, a su juicio, esta actuación judicial permitiría revertir los efectos de la resolución y evitar la continuidad de los beneficios otorgados a los involucrados.
Rendón afirmó que el acto administrativo presenta irregularidades que, en su criterio, afectan disposiciones constitucionales.

Entre los aspectos mencionados, señaló posibles vulneraciones a los principios de legalidad y separación de poderes, así como a los derechos de las víctimas en relación con el acceso a la justicia.

El gobernador también hizo referencia al contexto en el que se produjo la decisión, aludiendo a coincidencias con el calendario electoral y a advertencias previas sobre eventuales riesgos asociados a este tipo de medidas.

En ese sentido, evocó antecedentes relacionados con decisiones similares adoptadas en el pasado y sus consecuencias en materia de seguridad.

Adicionalmente, planteó interrogantes sobre información que, según indicó, no ha sido divulgada en relación con elementos incautados en investigaciones previas, particularmente en el caso de una persona conocida con el alias de “Calarcá”.

El mandatario sugirió que dichos elementos podrían aportar claridad sobre decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en relación con ese caso.

En su pronunciamiento, el gobernador hizo un llamado a confiar en las instituciones del Estado, en particular en la actuación de jueces y fiscales, así como en la labor de la Fuerza Pública.

Señaló que estos actores desempeñan un papel central en la aplicación de la ley y en la protección de la ciudadanía.

La controversia surge luego de que el 31 de marzo se hiciera pública la decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que operan en Medellín.

Algunos de estos individuos participaron en un evento realizado por el Gobierno nacional en la capital antioqueña, en el marco de procesos de diálogo con actores armados.

Entre las personas cobijadas por la medida se encuentran individuos identificados con los alias de “Douglas”, “Pesebre”, “Tom” y “Lindolfo”, quienes, según información oficial, han asumido roles como voceros en escenarios de interlocución con el Estado.

La Fiscalía General de la Nación explicó que la suspensión de las órdenes de captura se enmarca en la designación de estas personas como representantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.

Esta designación, de acuerdo con la entidad, se sustenta en resoluciones expedidas por la Presidencia de la República en 2023 y 2025, en las cuales se establecieron los voceros principales y secundarios de dichos grupos.

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