Fiscalía llama a juicio a exgobernador de San Andrés por obra de más de $11.000 millones

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjögren, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con las irregularidades detectadas en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, que ascendió en valor a $11.125 millones.

Hawkins Sjögren, quien ejerció como mandatario departamental entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la celebración de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para desarrollar las actividades previstas. Esta entidad subcontrató la ejecución y la interventoría.

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Según la investigación, la mencionada asociación carecía de la experiencia técnica exigida para este tipo de intervenciones. El estudio de mercado habría sido insuficiente y la iniciativa, presentada como una gerencia estratégica, en realidad correspondía a una obra que no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación ni contaba con las autorizaciones pertinentes. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la ley, debía hacerse por licitación pública y no por contratación directa.

Las labores comenzaron el 20 de abril de 2023, sin licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). Se construyeron una plataforma y kioscos turísticos, en riesgo de demolición por falta de aval, pero no el muelle de acceso al islote, uno de los principales componentes del proyecto.

Antes de iniciar las obras, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó $10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca. Los peritajes realizados por la Fiscalía estiman un presunto detrimento que supera los $4.330 millones por concepto de sobrecostos, sumas no ejecutadas ni devueltas y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros.

Los elementos materiales probatorios indican que, pese a haber delegado la suscripción del contrato, el exmandatario habría incidido en la orientación del presupuesto, la escogencia del contratista y la modalidad contractual empleada. Igualmente, tendría conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, los desembolsos realizados y la posterior suspensión de la obra.

Esta actuación hace parte de la estrategia investigativa definida por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia los actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

La labor articulada desplegada por un Grupo de Tareas Especiales conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción deja, en seis meses, 28 personas judicializadas por el direccionamiento de más de 1.252 contratos que superan en valor los $3.7 billones.

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