Fiscalía fue alertada siete meses antes del atentado contra Miguel Uribe, según el representante José Jaime Uscategui

La investigación sobre el atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, ha estado acompañada de una controversia adicional: un posible conocimiento anticipado de los hechos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo señaló públicamente el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien denunció haber entregado información detallada en noviembre de 2024, alertando sobre un posible plan de agresión dirigido contra miembros del partido Centro Democrático, incluyendo al hoy legislador atacado.

Según el testimonio de Uscátegui, el 20 de noviembre de 2024 se radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Dirección de Protección de la Policía Nacional, en la cual se expuso una alerta concreta sobre una posible operación planificada por estructuras criminales, originarias del municipio de Algeciras, departamento del Huila.

El congresista aseguró que los responsables serían miembros de grupos conocidos bajo el nombre de “Pisas” o “Pisas Suaves”, quienes habrían desplazado comandos hacia Bogotá con la supuesta intención de ejecutar acciones violentas contra integrantes del Congreso.

En su declaración, Uscátegui precisó que la denuncia incluyó datos específicos como coordenadas, direcciones de ubicación dentro de la capital y nombres de posibles blancos del plan delictivo, entre quienes figuraban Miguel Uribe, el mismo denunciante y otros miembros de la colectividad. El objetivo de la comunicación, explicó, era activar mecanismos preventivos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

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“Entregué toda la información para que estas autoridades tomaran algún tipo de acción. Ahora, ya consumados los hechos, he preguntado a la Fiscalía qué trámite se le dio a esa denuncia y sigo esperando”, indicó el legislador en recientes declaraciones públicas, insistiendo en que, a la fecha, no ha recibido respuesta institucional sobre el seguimiento de esa advertencia.

Transcurridos más de siete meses desde la entrega formal de la denuncia, Uscátegui reiteró que no se tiene constancia de diligencias de verificación ni actuaciones de investigación iniciadas con base en los elementos que se aportaron.

Posteriormente, el 13 de junio de 2025, seis días después del atentado contra Uribe, se radicó un derecho de petición con el fin de conocer en qué estado se encontraba el trámite de la alerta y si existió actuación alguna por parte del ente acusador. Hasta el momento, tampoco ha habido respuesta oficial a ese requerimiento.

A raíz de este hecho, el representante expresó preocupación por lo que considera una omisión institucional con posibles consecuencias en materia de seguridad nacional.

“Es muy delicado que meses antes la Fiscalía y las autoridades hayan tenido una información, una alerta como esa, y que no se haya actuado. Y eso apunta o contribuye a la idea de que esto fue un crimen de Estado”, afirmó, solicitando transparencia y celeridad en el proceso judicial, así como explicaciones públicas sobre el tratamiento dado a la denuncia radicada.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ha defendido su capacidad investigativa en relación con el ataque. El 12 de junio de 2025, a través de un comunicado oficial, la entidad manifestó que el caso ha sido abordado con celeridad y que los primeros avances permitieron la captura y judicialización de cuatro personas, entre ellas un menor de edad señalado como el autor de los disparos contra Uribe Turbay.

La institución también denunció la existencia de filtraciones sobre elementos materiales probatorios y aspectos sensibles del proceso judicial, situación que consideró grave en términos de seguridad procesal.

La controversia se agudizó tras la solicitud del presidente Gustavo Petro de permitir la intervención de una comisión de investigación judicial independiente, proveniente del sistema de Naciones Unidas, que supervise el avance del caso.

Frente a esta propuesta, la Fiscalía respondió indicando que posee las capacidades operativas, técnicas e institucionales para asumir las investigaciones en curso sin requerir asistencia internacional.

“La Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los demás casos de su competencia”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

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