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Fiscalía acusa al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov por presuntas irregularidades en contratos

El ente acusador señala que se habría usado un contrato para lograr el retiro de una demanda contra su elección.

Exalcalde ruso
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 14/04/2026 - 16:47 Créditos: Fiscalía General de la Nación / exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios. En el mismo proceso también fueron acusados la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían coordinado acciones para vincular a la administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien ya fue judicializado por estos hechos, con el objetivo de que retirara una acción de nulidad presentada contra la elección del entonces mandatario en noviembre de 2023.

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Según el ente acusador, en cumplimiento de compromisos adquiridos en distintas reuniones, se suscribió un primer contrato en febrero de 2024 por $19’800.000, el cual no fue ejecutado. Posteriormente, se firmó un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, esta vez a través de la empresa pública Ecovivienda, por $54’285.000, cuyo objeto era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía.

Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales se iniciaron después de que se interpusiera la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de dicha acción. Además, la Fiscalía señaló que el exalcalde habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.

En ese contexto, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó cargos contra Krasnov, los exfuncionarios y el particular por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, en un proceso que ahora avanzará en etapa de juicio.

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