Exsecretariado de las Farc niega abortos y violencia sexual ante la JEP

El último secretariado de las extintas Farc respondió con un extenso documento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que cuestiona, justifica y niega varias de las imputaciones por crímenes de guerra en el marco del caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Aunque en un comunicado público los excomandantes reconocieron haber reclutado a más de 18.000 menores, en su escrito enviado a la JEP deslegitiman buena parte de la acusación, especialmente en lo relacionado con abortos forzados, violencia sexual y anticoncepción impuesta, negando que existieran órdenes o directrices internas sobre estas prácticas.

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Los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, a través de su defensa, alegan que la imputación adolece de “una definición clara y homogénea” de los delitos y que se realizó bajo interpretaciones “relativistas” y con “sesgo de confirmación”.

“La ausencia de contrastación rigurosa, el uso selectivo de fuentes y la aplicación inconsistente de criterios debilitan el fundamento probatorio”, se lee en la respuesta, en la que además acusan a la Sala de Reconocimiento de haber construido el patrón de violencia sexual sin suficiente contexto ni evidencia empírica.

En cuanto a los señalamientos sobre anticoncepción forzada y abortos obligatorios, el secretariado aseguró que estas prácticas respondían a necesidades “funcionales, sanitarias y operativas” en medio de un conflicto de alta intensidad, y no a una política sistemática de violencia basada en género.

También pusieron en duda la representatividad de los más de mil testimonios recogidos por la JEP y sostuvieron que no hay evidencia suficiente que demuestre que hubo una planificación o directrices concretas orientadas al reclutamiento de menores.

La respuesta del secretariado se da en medio de la etapa de reconocimiento de responsabilidad dentro del proceso transicional, en el que la JEP busca esclarecer los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado colombiano.

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