Eva Ferrer exige garantías de seguridad para declarar ante la Fiscalía por presunta corrupción

La defensa de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, condicionó su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación a la adopción de garantías de seguridad, debido a las amenazas que, según su abogado, habría recibido después de hacer públicos señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias y posibles movimientos ilícitos de dinero, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela.

El abogado Jhony Batalla acudió a la Fiscalía para coordinar las condiciones en las que Ferrer podría rendir declaración y entregar los elementos probatorios relacionados con sus afirmaciones. El jurista aseguró que su representada mantiene la disposición de colaborar con las investigaciones, pero considera necesario establecer previamente medidas de protección que permitan su comparecencia.

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“Vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, manifestó Batalla al explicar el propósito de sus gestiones ante la fiscal encargada del caso.

La exfuncionaria se encuentra fuera de Colombia, de acuerdo con la información suministrada por su defensor. Batalla señaló que, según su conocimiento, Ferrer abandonó el territorio nacional después de la publicación de una entrevista en la revista Semana, en la que formuló señalamientos relacionados con presuntas irregularidades y actividades ilícitas.

El abogado explicó que las solicitudes anteriores de aplazamiento de la diligencia no corresponden a una negativa de Ferrer a comparecer ante las autoridades judiciales. Según su versión, las preocupaciones por su integridad personal han impedido concretar las condiciones necesarias para recibir su declaración.

“Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, afirmó el defensor.

Las declaraciones que Ferrer pretende entregar están relacionadas con señalamientos sobre posibles conductas delictivas que, por su naturaleza, podrían involucrar investigaciones por corrupción y otras actividades ilegales. Sin embargo, las afirmaciones de la exconsejera no constituyen por sí mismas prueba de la comisión de esos delitos y deberán ser examinadas dentro de las actuaciones correspondientes.

Batalla aseguró que su representada dispone de información que deberá poner a consideración de los investigadores. El abogado insistió en que las denuncias deben acompañarse de elementos susceptibles de verificación y valoración por parte de las autoridades judiciales.

“El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo, de esas magnitudes sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía”, sostuvo.

La defensa también hizo referencia a una actuación que, según Batalla, está a cargo de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción. El expediente estaría relacionado con una denuncia presentada por un representante a la Cámara del Centro Democrático a propósito de unos audios filtrados.

El abogado vinculó esa actuación con las afirmaciones que se han conocido públicamente, aunque no precisó el contenido completo del expediente ni identificó las pruebas incorporadas hasta el momento. Tampoco informó si las investigaciones mencionadas se encuentran en etapa de indagación o si existen decisiones judiciales contra personas determinadas.

Otro de los asuntos señalados por la defensa corresponde a posibles operaciones ilícitas entre Colombia y Venezuela. Las afirmaciones divulgadas mencionan presuntos movimientos de dinero, armas y sustancias estupefacientes, conductas cuya existencia, responsables y circunstancias no han sido acreditados mediante la información conocida del caso.

Batalla sostuvo que su representada está dispuesta a colaborar con las autoridades de otros países si las actuaciones judiciales requieren su testimonio o la entrega de documentos relacionados con los hechos denunciados.

“Dispuesta a entregar declaración y evidencia, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos, o donde la requieran”, señaló el abogado.

La eventual intervención de autoridades estadounidenses fue planteada por la defensa en consideración al posible alcance internacional de algunos de los señalamientos. No obstante, esa disposición no supone que exista una investigación formal abierta en Estados Unidos ni que se haya producido una solicitud de cooperación judicial relacionada con Ferrer.

Respecto de las amenazas denunciadas, Batalla reconoció que no cuenta con información suficiente para establecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones. El defensor planteó que las presiones contra su representada pudieron intensificarse después de la divulgación de los audios y las declaraciones que generaron la controversia.

Hasta el momento, la información suministrada por la defensa no permite determinar las fechas, modalidades ni autores de las presuntas amenazas. Tampoco se ha confirmado públicamente la existencia de una decisión sobre medidas específicas de protección para la exconsejera.

La comparecencia de Ferrer continúa pendiente de las gestiones que adelanta su abogado ante la Fiscalía. La defensa sostiene que la exfuncionaria entregará su versión y los elementos que tenga en su poder una vez se establezcan las condiciones de seguridad solicitadas.

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