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Envían a prisión a presunto cabecilla financiero de disidencias de las Farc en el noroccidente del país
Alias “El Flaco” o “Choroto” fue capturado en Medellín y es señalado de coordinar extorsiones, reclutamiento de menores y logística criminal en varias regiones.
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización y envío a prisión de Juan Esteban Durango Pardo, alias “El Flaco” o “Choroto”, señalado como presunto cabecilla financiero de la subestructura 18 de las disidencias de las Farc, con injerencia en el noroccidente del país.
La captura se realizó en Medellín mediante un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional de Colombia. Según las autoridades, el detenido tendría un rol clave en la articulación de redes criminales dedicadas a extorsiones, secuestros y tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación, Durango Pardo también habría sido responsable del traslado de armamento, dinero y personal entre estructuras ilegales con presencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, consolidando su papel como enlace logístico dentro de la organización.
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Entre los hechos que se le atribuyen, figura su presunta participación en el reclutamiento de menores de edad en 2023. Las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y posteriormente trasladadas a campamentos en zona rural de Ituango, en Antioquia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Por decisión de un juez de control de garantías, el señalado cabecilla deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y cerca de 25,9 millones de pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio.
El caso se enmarca en las acciones de las autoridades para desarticular estructuras armadas ilegales y frenar delitos como el reclutamiento de menores, una de las principales preocupaciones en zonas afectadas por el conflicto armado.
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